Con medidas preventivas ante protestas reacciona el gobierno de Xiomara Castro. Esto atenta contra derechos constitucionales, reclaman activistas sociales y en derechos humanos
Por Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. Con registros fotográficos y audiovisuales identificarán a responsables de movilizaciones y protestas, según un comunicado del Gobierno de Honduras. Sin embargo, activistas alegan que esta iniciativa atenta contra el Estado de derecho.
Según el comunicado de prensa de la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras, el Gobierno de Xiomara Castro ha dispuesto medidas preventivas y de documentación para la debida identificación de los responsables de acciones de movilización y protesta.
Esta determinación ha motivado a las y los activistas de derechos humanos a preguntarse por qué el Gobierno teme que la ciudadanía se movilice.
¿Por qué el miedo?
La coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda, se refirió al comunicado donde la Policía Nacional criminaliza las protestas. Según Miranda, ni con la narcodictadura se amenazó abiertamente a la población mediante perfiles con registros fotográficos y audiovisuales para identificar a cada persona que hace uso del derecho a manifestarse.
¿Por qué el miedo a que la gente se movilice para reclamar sus derechos?, preguntó Miranda. Asimismo afirmó que definitivamente la cosa no va para bien y que esta acción del Gobierno es gravísima.
Libertad, no represión
Con respecto a la amenaza expresada en el comunicado, el abogado Víctor Fernández se refirió al Artículo 78 de la Constitución de la República, que garantiza libertad de asociación y reunión siempre que no sea contraria al orden público y las buenas costumbres.
Además, el Artículo 79 señala que toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial.
Según el reglamento comprendido en la Constitución de la República, Fernández sostiene que la norma debe ser la libertad, no la represión preventiva.
“Protestar sí, pero solo si no incomoda al poder”
Arely VMart manifestó en su red social X que el Gobierno de Honduras, cuyos líderes forman parte de un partido que nació del clamor popular y de las luchas callejeras, ahora publica un comunicado que criminaliza las protestas como lo hicieron los Gobierno anteriores.
Asimismo expuso que la Policía Nacional, a las órdenes de la Secretaría de Seguridad, dice “con un lenguaje bonito” que aplicará “medidas legales” contra quienes se atrevan a manifestarse. El comunicado se refiere en este punto a quienes obstruyen vías públicas, especialmente si afectan la “estabilidad social” y el “desarrollo económico”.
Arely describe que también “les recuerdan con cariño que pueden manifestarse siempre y cuando no levanten la voz, no cierren calles, no incomoden a nadie, y lo hagan como si fuera una misa silenciosa”.
Señaló que no hay nada más irónico que ver cómo el aparato del Estado, ese que se construyó con promesas de cambio, ahora apunta su dedo acusador contra la misma herramienta que lo llevó al poder.
De igual manera, manifestó que quieren sostener la represión basándose en la idea de “protección a los derechos humanos” mientras amenazan con el uso de la fuerza necesaria, proporcional y racional.
Gabriela Blen, activista anticorrupción, también se refirió al anuncio del Gobierno sobre represión y persecución política contra ciudadanos que ejerzan su derecho constitucional y legítimo a la protesta pacífica. Para Blen, esta acción equivale a “intimidación y campaña de terror” que busca desmotivar la protesta pacífica.
Entretanto, para Leonardo Pineda, investigador y activista social, este comunicado se emitió luego de haberse activado algunas protestas contra el Gobierno. Por último lamentó que nadie pueda tomarse las calles en un Gobierno cuyo partido tiene precisamente la calle como fortaleza.
