La Secretaria de Finanzas denuncia al medio de comunicación por investigación sobre las irregularidades financieras durante elecciones primarias
Por Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. La libertad de prensa y de expresión continúa bajo ataque. Esta vez, el Gobierno presentó querellas contra el medio de comunicación Radio Cadena Voces (RCV). La acción gubernamental genera preocupación en los medios independientes, organizaciones de derechos humanos y comunidad internacional.
El funcionario, acompañado del tesorero general Salomón Hernández, presentó una denuncia formal contra Dagoberto Rodríguez, acusándolo de difundir información falsa que, según argumenta, perjudica la reputación del gobierno y compromete su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
La querella surge en respuesta a las declaraciones realizadas por RCV, quien afirmó que se habría realizado un sobregiro de 6,500 millones de lempiras para financiar las elecciones internas del Partido Libertad y Refundación (Libre). Además, RCV señaló que estos fondos habrían sido transferidos a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y al programa «Red Solidaria» a través del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
El ministro desmintió categóricamente estas acusaciones, aclarando que, durante el año 2024, Sedesol y el programa «Red Solidaria» han recibido únicamente 248.5 millones de lempiras, cifra muy inferior a la mencionada por RCV. Asimismo, destacó que las declaraciones de RCV, emitidas el pasado 6 de marzo, carecen de sustento documental que respalde dichas afirmaciones, lo que, según el funcionario, las convierte en especulaciones infundadas.
«¿Por qué tanto show? ¿Tan incómodo soy para el gobierno que buscan meterme a la cárcel? ¿Acaso no pretenden enviar un mensaje intimidatorio a toda la prensa? ¿Será una estrategia para desviar la atención sobre el boicot en las elecciones y la millonaria compra de votos?» expresó Rodríguez, quien lanzó estas preguntas directas, advirtiendo a sus colegas: «Ojo, no caigan en la trampa.»
Hoy presenté denuncia por los delitos de calumnia e injuria contra @RCVHonduras y su director Dagoberto Rodríguez ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. Difundir información falsa y acusar sin pruebas o evidencia, no es libertad de prensa, es delito. pic.twitter.com/Y5PKWCKnZ3
— Christian Duarte (@ChristianDCHn) March 20, 2025
La Secretaría de Finanzas (Sefin) anunció este martes en un comunicado que interpondrá una querella contra el director de RCV, Dagoberto Rodríguez.
Críticos han calificado esta acción como intimidatoria y condenable.
“Todos los discursos están protegidos por la libertad de expresión”
Respecto a la querella, Sefin argumentó: “La acusación hecha por el medio de comunicación RCV no presenta ninguna evidencia o prueba documental, por lo que es eminentemente especulativa, siendo desvirtuada en cada una de sus partes por esta Secretaría de Estado mediante el Comunicado DCI-013-2025”.
Entretanto, para Joaquín Mejía, experto en derechos humanos, “la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia”. Sostuvo además que los funcionarios públicos deben entender que, en principio, todos los discursos están protegidos por el derecho a la libertad de expresión. Esto es así independientemente de su contenido, ya sea información o ideas ofensivas e inquietantes al Estado.
A criterio del experto en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, los funcionarios públicos deben entender que en principio todos los discursos están protegidos por el derecho a la libertad de expresión independientemente de su contenido, que sea información o ideas que sean ofensivas,… pic.twitter.com/gjVFsofmXp
— Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) March 19, 2025
Asimismo, indicó que existen ciertos discursos o informaciones que gozan de un nivel de protección debido a su importancia para la democracia y son aquellos que tienen que ver con lo político y son de interés público.
Atacan con bots
Dagoberto Rodríguez, director de RCV, expresó a Reportar Sin Miedo que la Secretaría de Finanzas pretende presentar una demanda que el medio toma como un ataque a la libertad de expresión y de prensa. De hecho, considera que esta es una forma de intimidación para generar un régimen de censura no solo contra RCV, sino también contra muchos medios independientes.
Rodríguez afirmó que desde la Secretaría de Planificación hay comunidades de bots dedicados a atacar a los medios de comunicación y a la prensa hondureña.
El director de RCV expresó que el Gobierno ha mostrado una característica especial al ser intolerante a la crítica en los últimos tres años y promover intimidaciones y ataques a la prensa.
Según Rodríguez, se pretende generar un ambiente de censura, autocensura e intimidación contra los medios para que no haya críticas a la gestión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Honduras está entrando a una etapa grave, difícil, afirmó Rodríguez, ya que los medios de comunicación y el derecho a la libertad de expresión son la piedra angular de una sociedad democrática y elementos fundamentales para el ejercicio de la libertad de prensa.
¡Basta ya de ataques a la prensa!
Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), condenó las acciones de criminalización y las amenazas contra los periodistas de Honduras.
Ortiz señaló que la querella del secretario de Finanzas contra el periodista Dagoberto Rodríguez, debido a la divulgación de información sobre gastos financieros, constituye una violación de la libertad de expresión y de prensa y del derecho a la información.
Ortiz se solidarizó con Rodríguez y a la vez como asociación de prensa hondureña. En el centenario de fundación de APH, mandó un mensaje al Gobierno y sus funcionarios: «Basta ya en ataques a la prensa». «Hoy le decimos a la presidenta Xiomara Castro y a todos sus funcionarios que no les tenemos temor» .
También pidió al Poder Judicial actuar con independencia y no estar sujeto a los mandatos del Poder Ejecutivo. «Por favor hagan su trabajo independiente, basado en hechos objetivos imparciales», dijo.
Denuncian sobregiro de 6,500 millones
En la celebración del centenario de la APH, Ortiz afirmó el respaldo a los periodistas y comunicadores en el proceso de un ejercicio libre periodístico y de la libertad de expresión como el derecho a la vida y el derecho a la protección.
Por otro lado, indicó que es increíble que desde el Gobierno mismo se genere este tipo de ataques contra la prensa. Antes eran la policía y sectores del crimen quienes asesinaban a periodistas, afirmó.
El CPH condenó enérgicamente el intento de criminalización de la Secretaría de Finanzas contra Radio Cadena Voces por haber denunciado el sobregiro de 6,500 millones de lempiras en la Tesorería de la República.
Asimismo, hizo un llamado a cesar las represalias contra los medios de comunicación independientes, que desempeñan un rol crucial en la transparencia y el ejercicio democrático.
Es intimidación: SIP
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación ante la querella penal de Sefin contra el director de RCV.
La SIP considera que esta acción constituye un intento de intimidación en represalia por la publicación de un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
La Sociedad Interamericana de Prensa sostiene que las denuncias penales contra periodistas y medios de comunicación por presuntas calumnias e injurias contraviene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además va en contra de los principios establecidos en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH y en la Declaración de Chapultepec de la SIP.
Asimismo, destacó el principio 10 de esta última, el cual establece que «ningún medio de comunicación ni periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público».
Para José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, «las querellas penales contra los periodistas constituyen un mecanismo de censura que vulnera los principios democráticos y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión».
Denuncias contra el M28
Electores de distintas comunidades denunciaron que la corriente M28 elaboró un listado para posteriormente entregar una bolsa valorada en 700 lempiras. El movimiento perteneciente al Partido Libertad y Refundación (Libre) llevó a cabo esta acción durante las elecciones primarias e internas celebradas el 9 de marzo,
También denunciaron que la corriente M28 obligó a las personas empleadas públicas, a trabajar en mesas de las juntas receptoras de votos.
