El Estado comete violencia sistemática y despojo, denuncian garífunas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Por Alejandra Alvarado
Fotos: Ofraneh
Tegucigalpa, Honduras. Las limitaciones en la pesca artesanal, el turismo comunitario y el acceso libre al territorio podrían desencadenar la cuarta condena contra el Estado de Honduras por violentar derechos territoriales garífunas. Para presentar el caso Cayos Cochinos y sus miembros vs. Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representantes de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) viajaron el 21 de mayo a Ciudad de Guatemala.
Si resulta favorable la sentencia para Cayos Cochinos, sería la cuarta condena contra el Estado de Honduras por violentar los derechos territoriales del pueblo garífuna.
Por ello, se trata de un importante precedente para la justicia, reparación y reconocimiento del territorio ancestral de los pueblos indígenas.
Más de tres décadas de lucha
Esta audiencia surge tras una demanda contra el Estado de Honduras que la Ofraneh presentó el 29 de octubre de 2003 ante la CIDH debido a las múltiples violaciones de derechos y agresiones contra la comunidad garífuna de Cayos Cochinos.
Es decir que han pasado más de 20 años desde que se presentó esta petición y hasta hoy continúan las agresiones y la violencia sistemática contra el pueblo garífuna de Cayos Cochinos.
Para entender lo que sucede en los Cayos Cochinos, hay que retroceder unos 30 años. El 17 de noviembre de 1993, el acuerdo presidencial 1928-93 declaró el archipiélago de Cayos Cochinos “área natural protegida”.
En consecuencia, se prohibió la pesca con anzuelos. Posteriormente, en 1994, se modificó este acuerdo y también se prohibió la extracción de crustáceos. Estas acciones impactaron negativamente en la forma de vida y subsistencia de las comunidades insulares.
Contexto y agresiones contra el pueblo garífuna
Cayos Cochinos y sus miembros vs. Honduras es el cuarto caso que Ofraneh presenta ante la Corte IDH. Anteriormente, las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan lograron sentencias favorables que reconocieron su propiedad ancestral y exigieron al Estado garantías de no repetición.
Así, una resolución a favor de Cayos Cochinos significaría una nueva condena contra Honduras por violar los derechos territoriales indígenas.
Las comunidades garífunas de Corozal, Sambo Creek, Nueva Armenia, Río Esteban y Chachahuate han enfrentado desplazamiento forzado, abusos y criminalización por parte de la Fuerza Naval y la Fundación Cayos Cochinos, bajo el argumento de «protección ambiental».
Este caso representa un precedente clave para la justicia indígena en Honduras y la región. La sentencia podría fortalecer la lucha contra el despojo y el racismo estructural.
Hay que tener presente que las comunidades que viven en la zona costera del país se sustentan de la pesca comercial. Cuando se les niega este recurso, vulneran su economía.
De sentencia en sentencia
Desde julio de 1988, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha fallado 19 sentencias contra del Estado de Honduras. Estas acciones judiciales han tocado temas profundos y estructurales que van desde violaciones del derecho a la vida de defensores del ambiente e inseguridad jurídica sobre la propiedad territorial de las comunidades garífunas hasta el sistema penitenciario y ejecuciones extrajudiciales.
El Estado debe estar comprometido a cumplir cada una de las medidas reparatorias que se le asignan. Además es necesario que asegure que no sucedan ni se repitan dinámicas que violenten los derechos fundamentales.
Sin embargo, Honduras sigue acumulando e incumpliendo sentencias, lo que deja en evidencia la poca voluntad política de sus representantes.
