A puerta cerrada, entre pruebas ilegales y lluvias de denuncias, emiten fallo contra cuatro defensoras del pueblo negro de habla inglesa
Por Lissy Serén
Islas de la Bahía, Honduras. En alerta se encuentra el Bufete de Justicia para los Pueblos después de que el juez Hermes Pineda dictara ayer auto de formal procesamiento contra cuatro defensores y defensoras del pueblo negro de habla inglesa en Roatán.
A pesar de que estas no han hecho más que defender sus derechos, Pineda, del Juzgado de Roatán, tomó la decisión de seguir criminalizándolas.
Así vulneran a personas defensoras del pueblo negro
También la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras se pronunció en alerta urgente ante la decisión del juez de Letras de Roatán.
La Red denunció la decisión de Pineda, quien en la audiencia inicial emitió el formal procesamiento con medidas sustitutivas contra las cuatro personas defensoras de derechos humanos.
Entre las afectadas se encuentra una defensora de los derechos de las personas negras de habla inglesa.
La Red señaló que el auto de formal procesamiento afecta a dos personas acusadas por el delito de incendio y una por daños.
Sin embargo, se estableció que una de ellas tenía participación mínima. Mientras tanto, el resto de los imputados permanecerán con sobreseimiento provisional.
Según el pronunciamiento, al menos cuatro miembros de la comunidad de Diamond Rock, en Islas de la Bahía, seguirán sometidos a un proceso judicial. Esta acción vulnera su derecho fundamental de defender su territorio ancestral, aseguró la organización.
Asimismo, la Red manifestó que este hecho pone en evidencia nuevamente el uso indebido del sistema judicial y del Ministerio Público para criminalizar y judicializar a quienes luchan por la defensa de sus tierras y territorios.
Para la Red, este proceso está claramente orientado a beneficiar a terceros interesados en el despojo y desplazamiento de los pueblos indígenas y negros del país, favoreciendo intereses ajenos a la comunidad.
¡Fin a la criminalización y al racismo!
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras rechazó rotundamente la decisión del juzgado de no cerrar el proceso contra las y los defensores del pueblo negro de habla inglesa.
De igual manera, exigió al Estado de Honduras que investigue, reconozca y garantice el derecho al territorio ancestral de la comunidad de Diamond Rock.
Este territorio ha permanecido bajo el resguardo de la familia McLaughlin y ahora está siendo amenazado por intentos de usurpación de actores externos ajenos a la comunidad, agregó la Red.
“La guerra continúa”
Miriam Miranda, coordinadora de Ofraneh, reaccionó tras fallo del juez Pineda. «La guerra continúa”, afirmó Miranda.
”Hemos ganado una batalla importante», afirmó Miranda, al lograr medidas distintas a la prisión preventiva mientras continúa el proceso legal de las cuatros personas defensoras.
En días anteriores, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos señaló que el juez Pineda admitió seis medios de prueba ilegales obtenidos por la Fiscalía del Ministerio Público.
Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras (Conaminh) denunció públicamente la falta de profesionalismo dfe Pineda, quien ejerce funciones en el Juzgado de Roatán.
¿Qué pasó a puerta cerrada?
“¡Basta de seguir pisoteando nuestros derechos!”, expresó Conaminh en un aviso de alerta. La organización denunció el retraso de la justicia y exigió iniciar la audiencia para emitir el fallo en el caso de las 13 personas del pueblo negro de habla inglesa.
La falta de acción del juez Pineda ha generado preocupación en la comunidad, ya que se considera que está siendo cómplice de intereses ajenos a la justicia y al bienestar de las personas afectadas.
«Señor juez, deje de dilatar la justicia y de prestarse al mejor postor», señaló Conaminh.
Asimismo, la organización afirmó que los pueblos originarios de Honduras no invaden, sino que recuperan lo que legítimamente les pertenece.
Armas contra tambores
La coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda, alertó en X al pueblo hondureño sobre la grave situación en el Juzgado de Roatán, que ha sido completamente militarizado.
Miranda apuntó que policías y militares andan armados mientras los pueblos originarios se hallaban en el lugar solo con tambores y humo.
La defensora de derechos humanos hizo además un llamado urgente a los militares y policías para que no utilicen las armas contra los pueblos que exigen justicia con dignidad.
Por otra parte, el abogado Edy Tábora, también en X, denunció la presencia militar y policial, lista para reprimir a los pueblos negros garífuna e isleño. Agregó que son legítimas las luchas de los pueblos en defensa del territorio y contra el despojo.
El Bufete Justicia para los pueblos sostuvo que Diamond Rock, en Roatán, ha estado luchando desde 1993 por la restitución de su territorio ancestral ante el despojo y la apropiación ilegal.
Asimismo afirmó que los acusadores montaron un centro turístico sobre el cementerio de la comunidad.
