Tegucigalpa, Honduras. Al menos 20 muertes violentas de personas LGBTI+ se registraron en el país, junto con 80 denuncias de violencia generalizada y una preocupante disminución en la asistencia a refugiados. Esa es la realidad alarmante revelada por el informe del Observatorio de Violencia hacia las Personas LGBTI+ de Honduras KAI+, correspondiente al período del 1 de enero al 15 de mayo de 2026.
El decimotercer boletín del observatorio, elaborado por una coalición de organizaciones defensoras de derechos humanos en el Distrito Central, San Pedro Sula y La Ceiba, advierte que las cifras evidencian un contexto de “estigma, discriminación y violaciones sistemáticas” hacia la población LGBTI+, con un llamado urgente al Estado hondureño.
Mujeres trans, las más afectadas por muertes violentas
De las 20 muertes violentas documentadas, ocho corresponden a mujeres trans, lo que representa el 40% del total. Las siguen seis hombres gay, cuatro personas de sexo masculino con orientación sexual indeterminada pero pertenecientes a la comunidad, un hombre bisexual y un hombre trans.
Los rangos de edad más afectados se concentran entre 18 y 35 años (11 víctimas), mientras que en cuatro casos las víctimas tenían entre 36 y 44 años. Las autoridades no lograron determinar la edad de tres de los fallecidos.
Francisco Morazán, donde se ubica el Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), lidera la lista con seis homicidios. Lo siguen Cortés (cuatro, principalmente en San Pedro Sula), Atlántida y Valle (dos cada uno). Otros departamentos como Copán, Choluteca, Olancho y La Paz reportaron una víctima cada uno.
Violencia en plena calle y con armas de fuego
El informe detalla que el 50% de los crímenes (10 casos) ocurrieron en vía pública, mientras que cuatro víctimas fueron asesinadas dentro de sus propias casas. El resto de los hechos se registró bajo un puente, en una carretera, en una finca, en un lugar de trabajo y dentro de un vehículo.
La principal causa de muerte fue por arma de fuego (siete casos), seguida de arma blanca (tres), asfixia por estrangulamiento (dos), tortura (uno) y asfixia por suspensión (uno). En cinco casos no se pudo identificar el mecanismo.
En cuanto al estatus judicial, los 20 casos se encuentran en investigación preliminar, y sólo dos de ellos reportan captura de sospechosos, lo que evidencia una alta impunidad.
Violencia generalizada: un registro de 80 casos
Además de los homicidios, el observatorio documentó 80 casos de violencia generalizada, que incluyen desde amenazas y lesiones hasta abusos de autoridad, discriminación y violencia doméstica.
Los tipos de violencia más recurrentes fueron: maltrato familiar (siete casos), lesiones (seis), amenazas de muerte (cuatro), estafa (cuatro) y abuso de autoridad (ocho). También se registraron casos de violación, tentativa de violación, allanamientos ilegales, usurpación de identidad y difamación.
La distribución por identidad de género muestra 57 casos clasificados como “indeterminados” (41 hombres y 16 mujeres), 15 mujeres trans, cinco hombres gay, dos hombres bisexuales y una mujer bisexual.
Los departamentos con mayor incidencia fueron Francisco Morazán y Cortés, con 16 casos cada uno, seguidos por Olancho (25) y Atlántida (cinco). Sin embargo, destaca que 11 casos no tienen departamento identificado, lo que refleja debilidades en los registros oficiales.
Las principales fuentes de estos datos fueron el Ministerio Público (51 casos), las unidades legales de las propias organizaciones del observatorio (20), el Conadeh (ocho) y otras organizaciones de la sociedad civil (uno).
Desapariciones y refugio en el extranjero
El boletín también reportó personas desaparecidas —sin especificar número en el resumen ejecutivo— y brindó asistencia a cuatro hombres gay que solicitaron refugio en el extranjero. Los motivos de su salida del país incluyeron agresión física (uno), amenazas (dos) y extorsión combinada con amenazas (uno).
El observatorio advierte sobre una disminución en el apoyo a personas refugiadas en este período, lo que atribuye parcialmente a nuevas políticas migratorias restrictivas en algunos países de destino, las cuales complican los procesos de protección internacional para solicitantes hondureños LGBTI+.
Conclusiones y llamado al Estado
En sus conclusiones, KAI+ califica el aumento de muertes violentas como “preocupante” y subraya que la situación de las mujeres trans es “especialmente alarmante”. Además, señala que la “persistencia de casos sin clasificación clara en fuentes oficiales” impide dimensionar la magnitud real del problema y diseñar respuestas adecuadas.
Las recomendaciones del observatorio
1. Fortalecer las investigaciones con enfoque de identidad de género y garantizar que las muertes violentas no queden en la impunidad.
2. Implementar medidas concretas de prevención y protección frente a los 80 casos de violencia generalizada, incluyendo mecanismos de denuncia accesibles y capacitación a funcionarios públicos.
3. Reforzar el acompañamiento a personas LGBTI+ refugiadas en el extranjero, mejorando la documentación de casos para facilitar sus solicitudes de protección internacional.
4. Adoptar medidas estructurales e integrales que mejoren los sistemas de registro, la protección y la respuesta estatal ante la gravedad de la situación.
“La violencia y la discriminación contra personas LGBTI+ en Honduras siguen siendo una realidad grave. El aumento de muertes violentas, la persistencia de agresiones y las limitaciones en el acompañamiento reflejan la urgencia de respuestas más efectivas por parte del Estado”, concluye el informe.
El Observatorio KAI+ está integrado por organizaciones como la Asociación Kukulcán, Grupo Generación Trans Awilix, Asociación Ixchel, Asociación Arcoíris de Honduras, Colectiva Muñecas de Arcoíris, Somos CDC, Colectivo Unidad Color Rosa y Oprouce.
