Defensores de Guapinol y Sector San Pedro interpusieron recurso de amparo para defender el territorio en Tocoa
Por Nazareth Gómez
Fotos: Red Nacional de Defensoras
Tegucigalpa, Honduras. El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa denunció ayer las graves violaciones de derechos fundamentales cometidas por la alcaldía de Tocoa, el Instituto Hondureño de Geología y Minas y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.
Para impulsar esta acción legal, el Comité interpuso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo junto con comisiones comunitarias de Guapinol y el sector San Pedro.
No a Pinares-Ecotek: ciudadanía de Tocoa
La acción del Comité recibió el apoyo de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, que respaldó públicamente a las comunidades afectadas por el avance del megaproyecto minero Pinares-Ecotek, pese a la fuerte oposición expresada por la población desde hace años.
Según la ciudadanía denunciante, se han vulnerado derechos como el debido proceso legal, la participación ciudadana, el acceso al agua, el derecho a un ambiente sano, la dignidad y la salud de las personas.
Se saltaron requisitos legales
Las comunidades acusan a la alcaldía de Tocoa y a funcionarios estatales de favorecer de forma sistemática el avance del proyecto minero, incluso sin cumplir con los requisitos legales y ambientales.
Uno de los hechos señalados es la aprobación por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) del contrato de concesión del proyecto La Ceibita, operado por Ecotek.
La aprobación se dio a pesar de que las comunidades rechazaron públicamente esta iniciativa en un cabildo abierto celebrado el 29 de noviembre de 2019.
Además, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) ha permitido el avance del proyecto sin contar con licenciamiento ambiental.
Esta omisión generó afectaciones en el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, área protegida por el Decreto 18-2024, que prohíbe las concesiones mineras dentro de su territorio.
El Comité también denunció que el 27 de enero de 2025, el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, otorgó permisos de operación a Inversiones Los Pinares-Ecotek.
De esta manera, Fúnez desoyó la oposición comunitaria y las denuncias por los daños causados. Entre estos se halla la pérdida de vidas de defensores ambientales, como el caso de Juan López, asesinado por estructuras criminales vinculadas a los intereses extractivos.
“¡Sí a la vida!”
“Nos sumamos a la exigencia de que se respete el derecho a la participación ciudadana y comunitaria en la que los pueblos decidimos oponernos a un sistema capitalista y de despojo que depreda nuestros ríos y montañas”, expresó sobre este caso la Red Nacional de Defensoras.
El Comité y las comunidades reafirmaron su compromiso con la defensa del territorio y exigieron justicia por los crímenes cometidos en el marco de esta lucha.
“¡Sí a la vida, no a la minería! ¡Justicia para Juan López!”, concluyeron.
