Ante la falta de respuesta del Estado de Honduras, Arcah solicitó el Tribunal Permanente de los Pueblos para dar voz ante la injusticia
Por Lissy Serén
Fotos de Arcah
Tegucigalpa, Honduras. Por primera vez se instala en Tegucigalpa el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), un espacio de opinión internacional que da voz a los pueblos frente a la impunidad y la ausencia de justicia.
La inauguración del Tribunal tuvo lugar en la iglesia cristiana Ágape. En ese recinto se celebró la primera audiencia pública para abordar la criminalización de defensores ambientales, la contaminación del río Choluteca por la empresa avícola El Cortijo.
¿Qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos?
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un espacio de opinión internacional competente para pronunciarse sobre cualquier delito grave cometido en perjuicio de los pueblos y las minorías.
Nació en Bolonia en 1979 en el contexto de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (1976), siguiendo la intuición de Lelio Basso. Este jurista y político transformó las experiencias de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-67) y sobre las dictaduras en América Latina (1973-76) en una institución de escucha permanente de los pueblos obligados a enfrentarse con la ausencia del derecho y la impunidad.
El TPP está integrado por una red de expertos y personalidades reconocidos a nivel internacional, convocados periódicamente para integrar el jurado de cada sesión. Representa una de las expresiones de diseño de la Fundación Lelio y Lisli Basso Issoco y tiene su sede en Roma.
Hasta la fecha, ha celebrado más de 50 sesiones en todo el mundo. De este modo busca garantizar la participación de los pueblos y los movimientos sociales y crear una agenda de trabajo para los derechos humanos y de los pueblos a nivel mundial.
Este Tribunal promueve actividades de denuncia, documentación e investigación para la formulación de propuestas sobre su aplicación efectiva. Promueve la evolución de los derechos humanos en el ámbito internacional comparando las categorías de derecho e instrumentos de garantía existentes con la experiencia vital directa de los pueblos.
Arcah impulsa el TPP en Honduras
Marcela Licona, integrante de la coordinación general de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (Arcah), explicó que se ha desarrollado un evento importante en defensa de los derechos ambientales y comunitarios en Honduras. Esta actividad consiste en la instalación del Tribunal Permanente de los Pueblos, que inició en la iglesia cristiana Ágape con la primera audiencia.
Licona destacó que este tribunal es un proceso novedoso en Honduras, en el que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se reúnen para defender el río Choluteca frente a la empresa avícola El Cortijo.
Respecto a la criminalización, indicó que tanto Christopher Castillo, líder de la organización, como un poblador de la aldea Loarque están siendo judicializados por la empresa avícola El Cortijo. El propietario de esta firma es Joseph Walter Brenes. Actualmente, ambos enfrentan un proceso judicial que tendrá una audiencia oral y público programada para el 30 de julio.
Además, Marcela Licona denunció que las personas que defienden el río Choluteca, tanto habitantes como miembros de la organización, han recibido amenazas debido a su lucha ambiental. A pesar de esto, la contaminación del río continúa, lo que ha motivado a la comunidad a exigir justicia frente a la impunidad que prevalece en Honduras.
La voz de la comunidad de Loarque
Patricia Valladares, vecina de la comunidad de Loarque, explica que el TPP es una actividad que experimentan por primera vez y que esperan aprovecharlo para fortalecer su lucha comunitaria.
Valladares relata que han enfrentado acosos judiciales en dos etapas. En la primera, siete miembros de la comunidad, incluyendo a su coordinador Christopher Castillo y dos mujeres, fueron criminalizados y encarcelados injustamente. Asimismo añadió que tras un año de trámites legales, firmando en los juzgados, lograron ser absueltos.
Sin embargo, este caso reapareció cuando Joseph Walter volvió a criminalizar a Christopher Castillo y a José Manuel Chinchilla, vecino de la comunidad. Ambos enfrentan nuevamente procesos judiciales que representan una amenaza para quienes llevan muchos años en la lucha por la defensa ambiental.
Patricia Valladares mencionó que el dueño de la empresa avícola El Cortijo denunció que ha recibido llamadas telefónicas de amenazas. Asimismo argumentó que se le ha prohibido la entrada a la comunidad donde residen las personas que defienden el río Choluteca.
Sin embargo, Valladares desmintió este argumento, ya que al dueño de esta empresa se le ha visto andar por la aldea. Específicamente se le ha visto en inauguraciones de año lectivo en la escuela Ramón Rosa número 1.
Deberían actuar de oficio: comunidad
La comunidad demanda justicia a través del Tribunal Permanente de los Pueblos, exigiendo que el Gobierno tome en serio las luchas ambientales y territoriales y dé apoyo en lugar de bloquear sus acciones.
También piden que se atiendan las denuncias presentadas ante diferentes secretarías, especialmente al ministro Lucky Medina. Según la comunidad, Medina debería actuar de oficio ante los conflictos relacionados con la defensa del ambiente y los bienes comunes.
Finalmente, Patricia agradeció el interés mostrado en las luchas en defensa del agua y territorio. También reiteró el llamado al Gobierno para que abra las puertas al diálogo y a la solución de los conflictos que enfrenta la comunidad.
