La Sala de lo Constitucional pidió confirmar si amparistas viven en zonas afectadas por la represa El Tablón, mientras el Congreso impulsa licencias ambientales exprés
Por Nazareth Gómez
Tegucigalpa, Honduras. Mientras las comunidades del valle de Quimistán siguen demandando diálogo y respeto a sus derechos ante el proyecto de la represa El Tablón, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia otorgó un plazo de tres días para que se identifique a las personas que interpusieron un recurso de amparo contra la obra.
La medida busca confirmar si residen en las comunidades directamente afectadas.
Según la abogada Kenia Oliva, el objetivo del recurso es detener la licitación del proyecto, prevista para el 29 de julio, debido a que no se ha realizado una consulta previa ni estudios de impacto ambiental en el lugar donde finalmente se pretende construir la represa.
“La represa no será construida en el lugar originalmente evaluado. No se ha consultado a las comunidades ni se ha presentado información clara sobre los impactos reales y las medidas de compensación”, advirtió Oliva.
Cinco comunidades del municipio han manifestado su rechazo al proyecto, que afectaría a más de tres mil familias. Sin embargo, la respuesta estatal ha sido, en palabras de la defensa legal, “minimizar y politizar” la oposición ciudadana.
Quimistán rechazó licencia ambiental
Una de las principales preocupaciones de las comunidades es que el municipio de Quimistán ya rechazó otorgar la licencia ambiental para El Tablón.
Pese a esta negativa, el Congreso Nacional continuó promoviendo una nueva ley que permitiría agilizar licencias ambientales bajo un mecanismo “exprés”.
Licencias exprés en medio del conflicto
Mientras las comunidades esperaban una respuesta de la Corte Suprema sobre el amparo, el presidente del Congreso, Luis Redondo, participó en un evento público en San Pedro Sula junto con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Karim Qubain; la diputada por Cortés, Scherly Arriaga, y Pamela Blanco de Vaquero.
En el acto, los funcionarios se ubicaron en primera fila, promoviendo la nueva Ley de Licencias Ambientales sin mencionar el conflicto vigente en Quimistán ni incluir a representantes comunitarios en el diálogo.
Durante su intervención, Redondo aseguró que esta nueva normativa permitirá destrabar más de 4 mil millones de dólares en inversiones, especialmente en el departamento de Cortés, generando más de 100 mil empleos.
“Nos impresionó saber que esa cantidad de inversión está retenida por falta de licencias. Tenemos los votos para aprobar la reforma, pero vamos por el segundo debate para escuchar a los sectores ambientales”, dijo.
Redondo prometió que se hará una “gran socialización” para incluir salvaguardas ambientales y restricciones a proyectos mineros o en zonas que requieren consulta previa, aunque no especificó plazos ni si se integrarán comunidades afectadas como las de Quimistán.
Tensión entre desarrollo e imposición
Para los líderes comunitarios, el impulso de esta ley en medio del conflicto por El Tablón es una señal preocupante.
Aunque autoridades como el gerente de la ENEE han afirmado que las protestas responden a intereses políticos, las comunidades lo desmienten.
“Hay campesinos, productores y pueblos indígenas que viven ahí ancestralmente. Esto no es político, es una exigencia de derechos. Exigimos ser escuchados”, sostuvo Oliva.
El caso de El Tablón se convierte así en un símbolo del choque entre las urgencias del desarrollo económico y el respeto a los derechos de las comunidades.
Mientras avanza el debate legislativo, las familias afectadas esperan que la Corte Suprema imponga una medida cautelar que suspenda la licitación y se inicie un verdadero diálogo sobre el futuro del proyecto.
