Construirán represa El Tablón con la oposición de comunidades de Quimistán, Santa Bárbara, en el occidente de Honduras
Por José Manuel Serén
Fotos de Lissy Serén y J. M. Serén
Tegucigalpa. En una mañana soleada sobre la capital de Honduras, un grupo de ambientalistas llegaron a la Corte Suprema de Justicia en protesta contra la represa El Tablón que Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) proyecta construir en Quimistán, Santa Bárbara.
Los habitantes aglutinados en el Comité de Defensa de los Bienes Comunes del Valle de Quimistán siempre han mostrado resistencia ante este proyecto hidroeléctrico.
Sin embargo, la oposición sigue sin surtir efecto. La Enee no detiene su plan de construir la represa que busca supuestamente mitigar las inundaciones en el Valle de Sula.
Las comunidades han decidido que prefieren morir en sus comunidades que aceptar el desplazamiento forzado.
El proceso legal de los habitantes de Quimistán está a cargo del Bufete Justicia para los Pueblos. Esta situación llevó al ministro de Energía, Erick Tejeda, a emitir comentarios contra el despacho, el 28 de julio de 2025.
«Es absurda la pretensión del Bufete de los Pueblos de apegarse al Convenio 169 de la OIT», posteó Tejeda en X.
Los pobladores sostienen que deben ejecutar un plan de salvamento arqueológico; es decir, excavar y trasladar lo hallado a un museo. Sin embargo, estos procesos duran entre 12 y 15 años.
Algunos expertos sostienen que Quimistán posee tres zonas arqueológicas. Una de ellas es Los Metates, en el sur de la zona. Hay un sitio con 52 montículos y estructuras piramidales de más de cinco metros.
Los manifestantes critican que la Enee pretende ejecutar el proyecto a pesar de que no cumple con los requisitos legales y técnicos.
En un comunicado, la estatal destacó que el proyecto multipropósito El Tablón fue ratificado como una obra de seguridad nacional y prioridad estratégica para el Valle de Sula y el occidente del país.
Además, la Enee afirmó que el objetivo de la represa es contener inundaciones, generar desarrollo económico en Santa Bárbara y mitigar los efectos del cambio climático.
El Tablón: Actualizarán los estudios de 2018
La construcción de El Tablón, según los pobladores de Quimistán, genera un riesgo arqueológico.
El 29 de julio del presente año, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y la Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph) acordaron actualizar el estudio etnohistórico de 2018, reduciendo el área del embalse de 3,500 a 2,300 hectáreas.
«La revisión busca garantizar la protección del patrimonio cultural, la identidad de las comunidades y el cumplimiento de los convenios internacionales en derechos humanos y gestión ambiental», indica el escrito.
Este plan incluye la construcción de un Centro Cultural de Divulgación del Patrimonio Arqueológico en Quimistán, además de medidas de conservación de manifestaciones culturales y arqueológicas en la zona.
Falta socialización: Consejo Indígena Lenca
A pesar de que no han llegado a un consenso, las autoridades reiteraron recientemente su compromiso de mantener el diálogo con las comunidades bajo influencia directa e indirecta del río Chamelecón. Asimismo, buscan garantizar la ejecución de la obra en tiempo y forma como parte del desarrollo sostenible de los valles de Sula y Quimistán.
Por otro lado, el Consejo Indígena Lenca del Valle de Quimistán viajó el 6 de agosto de 2025 al Palacio de Justicia en Tegucigalpa debido a que pretenden instalar la represa en la zona donde habitan sin haberla socializado.
Al respecto, la Carta de las Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT establecen que para implementar megaproyectos en territorios indígenas es obligatorio un proceso de consulta previa, libre e informada. Sin embargo, los pobladores aseguran que este no se ha realizado.
La última esperanza: la Sala Constitucional
Adalid Martínez, secretario y vocero del Comité de Defensa de los Bienes Comunes del Valle de Quimistán, manifestó que los consejos presentaron un recurso de amparo. En el escrito reclaman que se cumpla el Convenio 169 de la OIT, el cual exige respeto para los pueblos indígenas. Sobre todo, el pacto demanda realizar consultas antes de emprender cualquier proyecto de alta magnitud.
El también escritor y vicepresidente de la Asociación de Historiadores Locales y Regionales de Honduras agregó que no se ha hecho una consulta libre, previa e informada. De hecho, la Sala Constitucional no ha dado respuesta a las solicitudes del Comité.
Martínez lamentó que este gobierno se contradiga y que el secretario de la Enee diga que la organización comunitaria actúa por motivaciones políticas.
“Soy miembro fundador del Frente Nacional de Resistencia Popular y del Partido Libre y hoy me enfrento con esta situación porque ahora yo tengo que decidir: o el partido o la comunidad donde vivo”, criticó.
El dirigente manifestó, además, que el Comité exige respetar los derechos humanos, pero que sea real el discurso en relación con la práctica, respetando los derechos humanos de las comunidades afectadas.
Asimismo, el Comité demandó que se haga un estudio real, de modo que no afecten a 3,000 personas del Valle de Quimistán para beneficiar a 50,000. Según el vocero, aunque se trate de 5,000,000 de personas en el Valle de Sula, no debe haber una clase social privilegiada.
“Le hemos pedido a la presidenta a través de su hijo, le hemos mandado mensajes a través del doctor Marco Rosa, pero ella no se ha pronunciado en relación con la solicitud que hemos hecho a los pueblos del Valle de Quimistán”, lamentó Martínez.
Aseveró que este gobierno está en deuda con el Valle de Quimistán porque la revolución se lleva en el alma para morir por los pueblos, no para vivir de ellos, y la revolución es un proceso de transformación en el cual participamos todos los ciudadanos.
“Todos los ciudadanos tienen voz y voto. A nosotros no nos han querido dar ni voz ni voto. Eso es lo que exigimos. La última esperanza es la sala constitucional”, agregó el vocero del Comité.
En total, unas 430 viviendas resultarían afectadas por el proyecto. En el diseño de 2018 eran 720, con 487 solo en Quimistán.
Según la actualización del estudio de factibilidad y diseño básico del proyecto a cargo de la firma consultora Lombardi, los municipios afectados serán Quimistán, San Marcos y Petoa. En Quimistán, la afectación social estimada es de 167 viviendas; en San Marcos, 260; y en Petoa, tres.
Las propiedades productivas afectadas
Según cifras, más de 300 propietarios de terrenos de Quimistán estarían afectados y al menos el 98% se niega a vender. Alegan que la obra provocaría inundaciones en miles de manzanas de tierras productivas.
«Hay siembras de maíz, frijol, hortalizas, sandía, hay ganadería y granjas avícolas. De eso vive la gente», agregó un propietario.
En el Valle de Sula aprueban proyecto
Mientras tanto, empresarios del Valle de Sula reiteraron su apoyo a la construcción de la represa El Tablón, que promete reducir en un 43% el riesgo de inundaciones causadas por el río Chamelecón.
Además, permitirá abastecer de agua potable y para riego agrícola a la región, especialmente en épocas de sequía, y aportará 13.4 megavatios adicionales de potencia firme al Sistema Interconectado Nacional.
El ministro Erick Tejada aseguró que, a pesar del rechazo de los pobladores, cuentan con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica y de la Unión Europea para la gestión social y ambiental, el reasentamiento, las indemnizaciones y el plan de desarrollo para Santa Bárbara.ai
La inversión superará los 311 millones de dólares financiados mediante un préstamo del BCIE con una tasa de interés del 7.25% anual, a 20 años plazo y cinco años de gracia. Se espera colocar la primera piedra antes de finalizar el año. La construcción duraría aproximadamente cuatro años.
Erick Tejada reconoce la falta de licencias, pero sostiene que se pueden obtener en el proceso de construcción.
Este proyecto se remonta a 1974 y lo retomaron durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), quien sufrió un golpe de Estado a seis meses de terminar su período. Desde entonces, la idea de construir una represa quedó pospuesta.
Luego, en 2018, lo reemprendieron durante el segundo período de Juan Orlando Hernández, quien también lo descartó debido a la oposición de las comunidades vecinas a la construcción de la cortina.
El Gobierno actual ha retomado el proyecto con la decisión absoluta de construir una represa multipropósito en esa zona. Incluso ya hay una línea de crédito aprobada con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 268 millones de dólares.
Erick Tejeda criticó que los habitantes organizados en el Comité de Defensa de los Bienes Comunes del Valle de Quimistán no acepten el proyecto. Manifestó que, si bien hay resistencia legítima de actores comunitarios que podrían quedar afectados, también hay motivaciones políticas.
“Hemos visto a candidatos a alcaldes del Partido Liberal y Nacional en las manifestaciones. Es claro que hay una motivación política”, señaló.
