Arde polémica tras acusación contra magistrados

Requerimiento fiscal desata la controversia: el Ministerio Público acusa a magistrados del TJE mientras la Corte Suprema asume el proceso […]

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Requerimiento fiscal desata la controversia: el Ministerio Público acusa a magistrados del TJE mientras la Corte Suprema asume el proceso

Por Nazareth Gómez

Tegucigalpa, Honduras. La crisis política y judicial en Honduras se agudiza tras la presentación de un requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez. Ambos han sido acusados por el Ministerio Público del delito de prevaricato judicial.

Según el ente acusador, los dos magistrados ordenaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) inscribir a Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho y a otro aspirante del Partido Nacional por Valle, pese a las renuncias previas de los candidatos originales. El MP sostiene que estas resoluciones fueron “contrarias a la ley”.

El impacto en la institucionalidad democrática

Las reacciones fueron inmediatas. Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados, advirtió que la acción “representa una seria amenaza a la estabilidad democrática e institucional del país”, ya que, de concretarse, el TJE quedaría prácticamente inoperante. 

Solórzano recordó que la Ley Orgánica y Procesal Electoral exige al menos dos magistrados propietarios para que el tribunal funcione. Esta situación, en vísperas de las elecciones generales del 30 de noviembre, podría generar un vacío legal y político sin precedentes.

Jorge Cálix señala persecución política

El diputado y precandidato Jorge Cálix reaccionó con dureza, asegurando que el proceso judicial “sirve de instrumento del familión para atacar a la oposición”.
“Es grave que se acuse a magistrados por emitir una sentencia. Esto sienta un precedente peligroso para la democracia. En menos de una semana presentan requerimiento fiscal contra quienes no han cometido delito, mientras otros casos de corrupción siguen engavetados”, dijo.

El Poder Judicial asume el caso y pide confianza

El Poder Judicial confirmó que el expediente contra los magistrados del TJE recaerá en la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lizette Raquel Obando. Esto conforme al orden de precedencia establecido en el Acta No. 03-2023 y ratificado en el Acta No. 10-2024, 

“El Poder Judicial reafirma su compromiso con la aplicación imparcial de la ley, la independencia judicial y la rendición de cuentas ante la ciudadanía”, indicó el comunicado oficial del 11 de noviembre.

Durante una conferencia, la magistrada presidenta pidió confianza a la población. “No trabajamos para ningún sector político, sino en pro de todo el pueblo hondureño”.

Defensa de Flores Urrutia se presenta voluntariamente

En las últimas horas, la defensa del magistrado Mario Flores Urrutia anunció que acudirán voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia para prevenir cualquier orden de captura en su contra.

Su apoderada legal explicó que ya se presentaron ante la Secretaría General de la Corte para solicitar copias de la certificación de notificación del Ministerio Público. Asimismo, afirmó que “no hay necesidad de prisión preventiva, pues el magistrado está dispuesto a colaborar con la justicia”.

La defensa también advirtió que este proceso ha despertado inquietud internacional al considerarse un riesgo para la autonomía de los órganos electorales y la transparencia del proceso hacia las próximas elecciones.

Tensión política a días de las elecciones

“A veinte días de las elecciones, pretenden desmantelar la institucionalidad para colocar funcionarios afines”, afirmó el candidato presidencial del Partido Nacional, Tito Asfura. También advirtió que “Honduras y el mundo los observan”.

El exministro Edmundo Orellana, por su parte, criticó la selectividad del Ministerio Público. “¿Y los que se enriquecieron durante el golpe de Estado o recibieron dinero narco por su voto?”.

El caso coloca al sistema judicial y electoral hondureño en máxima tensión, con la independencia institucional y la estabilidad democrática bajo intenso escrutinio nacional e internacional.

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