Para el Ministerio Público, acción penal por prevaricato contra magistrados está «fundamentada» y audios «ponen en riesgo» los comicios
Por Redacción de RSM
Tegucigalpa, Honduras. En un comunicado dirigido a la comunidad internacional y al pueblo hondureño, el Ministerio Público (MP) salió al paso de las recientes críticas y declaraciones sobre su actuación, defendiendo la acción penal contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Además, reveló la investigación de audios que contienen información sobre acciones que «ponen en riesgo» el proceso electoral.
Los fundamentos de la acusación
El centro de la polémica se encuentra en el requerimiento fiscal por prevaricato judicial presentado contra los magistrados del TJE Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona. El MP detalló que la acusación, tipificada en el artículo 516 del Código Penal, se sustenta en «prueba documental y testifical».
Según la Fiscalía, los magistrados incurrieron en este delito al emitir resoluciones contrarias a la ley. En concreto, se les acusa de haber declarado «sin lugar» una recusación y de haber ordenado «la inscripción de ciudadanos que no cumplen los requisitos legales».
La acción ilegal más grave, afirma el MP, fue que estas decisiones fueron tomadas constituyendo un «pleno de dos» magistrados, cuando la Ley Orgánica y Procesal Electoral exige para ello la presencia de los tres magistrados propietarios o, al menos, dos propietarios y un suplente.
Agotada la vía preliminar en la Corte Suprema
Ante las posibles acusaciones de proceder de forma precipitada, el Ministerio Público se apresuró a aclarar que agotó los procedimientos legales previos. La institución recordó que presentó una solicitud de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Fue esta última instancia la que determinó que los magistrados del TJE «no gozan de prerrogativas que les confieran ese beneficio». Esta resolución de la CSJ, afirma el MP, fue la que habilitó legalmente la presentación directa del requerimiento fiscal, actuando así «conforme a derecho».
Persecución de delitos, no de personas
En un punto dirigido claramente a calmar los ánimos y enfatizar su papel institucional, el comunicado establece una línea divisoria fundamental: «El Ministerio Público no persigue personas, sino delitos».
La institución que dirige el fiscal general asegura que toda su actuación se enmarca dentro de la Constitución y las leyes hondureñas, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales.
Además, emitió una advertencia contundente: actuarán «con total independencia y rigurosidad» contra cualquier ciudadano o funcionario, de cualquier nivel, que «atente contra el proceso electoral».
La sombra de los audios, una «noticia criminis» que vincula el caso
Uno de los anuncios más impactantes del comunicado fue la revelación de la existencia de una noticia criminis –un hecho con apariencia de delito– relacionada con los audios revelados por el consejero electoral Marlon Ochoa.
El MP confirmó que estas grabaciones contienen «información sobre acciones que ponen en riesgo el proceso electoral».
La Fiscalía justificó la divulgación de esta información, un paso inusual, argumentando que se hizo para proteger «uno de los bienes jurídicos más importantes de un Estado: la democracia». Aseguraron que los audios fueron previamente verificados, «descartando toda duda sobre su autenticidad».
Este nuevo elemento introduce una capa de complejidad al caso, ya que el MP afirma que esta investigación por los audios «guarda relación con la acusación a los dos magistrados del TJE», sugiriendo que podrían ser parte de una misma trama de acciones ilícitas destinadas a alterar los comicios.
Un llamado al respaldo en vísperas electorales
Con la mira puesta en las elecciones del 30 de noviembre, el Ministerio Público hizo un llamado a la comunidad internacional, los medios de comunicación y la ciudadanía en general a «respaldar este esfuerzo institucional en favor de la democracia hondureña de una manera objetiva e imparcial».
Asimismo, el MP ratificó su «respeto absoluto a la Constitución y las leyes» y prometió «continuar defendiendo los intereses de la sociedad y la voluntad soberana del pueblo hondureño».
El comunicado, que busca cerrar filas y presentar una narrativa de legalidad y transparencia, deja claro que la Fiscalía no dará marcha atrás en sus investigaciones, que ahora no solo apuntan a jueces electorales, sino que se extienden a una supuesta trama revelada en audios que, según ellos, amenazan la estabilidad democrática del país.
