La incautación militar de buques y un plan para controlar miles de millones en petróleo marcan una escalada sin precedentes que redefine la injerencia estadounidense y amenaza con un choque directo con Rusia
Washington, Estados Unidos. En una operación de altamar, fuerzas estadounidenses incautaron dos petroleros —uno de bandera rusa en el Atlántico Norte y otro en el Caribe— como parte de una ofensiva para estrangular económicamente al gobierno de Nicolás Maduro.
Paralelamente, el Secretario de Estado Marco Rubio esbozó un plan en el que Estados Unidos vendería entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano incautado, valorado entre 1,800 y 3,000 millones de dólares. Lo más polémico: el presidente Donald Trump declaró que él controlaría personalmente cómo se gastan esos miles de millones, afirmando en redes sociales: «¡Ese dinero será controlado por mí… para garantizar que se utilice para beneficiar al pueblo de Venezuela y los Estados Unidos!».
Este no es solo otro capítulo de sanciones. Representa un cambio cualitativo en la política exterior estadounidense con ramificaciones globales.
Un desafío legal triplemente ilegítimo
Internamente, el control del petróleo por Trump choca con la Constitución, que reserva el gasto al Congreso. Externamente, la captura de Maduro ha sido calificada por juristas internacionales como Christoph Safferling de Alemania y Joaquín Mejía de Honduras como un «secuestro de Estado», al violar la soberanía venezolana y la Carta de la ONU. Además, el Departamento de Justicia ha desmontado una pieza clave de la acusación, abandonando la teoría del «Cartel de los Soles» como organización criminal y debilitando la justificación legal original de la operación.
El riesgo de una escalada peligrosa con Rusia
La incautación del buque Marinera (ex Bella 1) en aguas internacionales es una provocación directa a Moscú, principal aliado de Maduro. El Ministerio de Transporte ruso confirmó la pérdida de contacto con el barco. Al interceptar y redirigir un petrolero ruso, Estados Unidos no solo aplica sanciones unilateralmente, sino que realiza un acto de fuerza contra un activo de una potencia nuclear, elevando el riesgo de un enfrentamiento mayor en un teatro secundario.
La institucionalización de un «colonialismo económico» del siglo XXI
El plan de tres fases de Rubio —estabilización con petróleo incautado, apertura del mercado a empresas occidentales y una «transición» política dirigida desde fuera— dibuja un modelo donde Estados Unidos actúa como administrador de un país soberano. El senador Chris Murphy lo calificó en Twitter como: «Toma el petróleo de Venezuela a punta de pistola y úsalo para gobernar el país desde DC». Esto establece un precedente alarmante sobre cómo una potencia puede usar la fuerza y el control de recursos para remodelar naciones.
«Siempre se trató del petróleo»
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió a Trump: «Todas las mentiras sobre ‘narcotráfico’, ‘democracia’, ‘derechos humanos’. Eran las excusas. Siempre se trató del petróleo».
Una brecha insalvable entre la retórica y la realidad comercial
Mientras Rubio y Trump hablan de «incautar» y «controlar» el dinero, la estatal venezolana PDVSA afirmó estar en negociaciones comerciales «similares» a las que tiene con Chevron. Esta contradicción revela la tensión entre una narrativa de dominación fuerte y la necesidad práctica de lograr acuerdos formales, incluso con un régimen que se dice estar derrocando. La viabilidad real del plan depende de qué versión prevalezca.
En esencia, este episodio va más allá de Venezuela. Es una prueba de estrés para el orden constitucional estadounidense, un experimento en el uso de la fuerza económica coercitiva a gran escala y una jugada de alto riesgo en el tablero geopolítico global. Profundizar es entender cómo se está redefiniendo, de manera muy práctica y arriesgada, los límites del poder presidencial y de la intervención internacional. Ahora la doctrina Monroe es la nueva doctrina Trump.
