A 19 días del traspaso, nueve claves de la crisis que arde y divide a Honduras entre guerras psicológicas
Por Redacción de RSM
Tegucigalpa, Honduras. En medio de una profunda crisis postelectoral en Honduras, la presidenta Xiomara Castro firmó un decreto legislativo que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) recontar más de 19,000 actas de los comicios del 30 de noviembre de 2025, cuya declaratoria inicial favoreció a Nasry «Tito» Asfura.
Esta medida, impulsada por el Congreso sin la oposición y calificada por juristas y el sector empresarial como ilegítima y riesgosa para la institucionalidad, ha generado un choque de poderes y una severa polarización. La situación ha provocado la contundente advertencia de Estados Unidos, que exige respetar los resultados, y el rechazo de la OEA, mientras el candidato Salvador Nasralla busca una salida judicial pidiendo a la Corte Suprema un conteo voto por voto.
Paralelamente, la difusión de un mensaje de las Fuerzas Armadas proyectando neutralidad y el rechazo del alcalde capitalino, Jorge Aldana, a aceptar los resultados municipales, añaden más capas de tensión a un escenario donde el diálogo parece ausente y la estabilidad del país está en juego.
A continuación, las nueve claves de la crisis electoral para el día de hoy.
1. Xiomara firma decreto para recontar las actas, llama a Consejo de Ministros y contesta a Trump
La presidenta Xiomara Castro sancionó el Decreto Legislativo No. 58-2025, que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un escrutinio general de más de 19,000 actas de las elecciones del 30 de noviembre de 2025. Esta decisión se tomó después de que el CNE declarara presidente electo a Nasry «Tito» Asfura. Paralelamente, Castro convocó un Consejo de Ministros en Casa Presidencial, subrayando la gravedad de la medida.
El decreto fue impulsado por Luis Redondo, presidente del Congreso que no fue reelecto, y aprobado en una sesión sin la presencia de la oposición, que denunció haber sido bloqueada. El argumento central es que miles de actas con inconsistencias, que representan el voto de más de 1.5 millones de personas, nunca fueron contadas. El Congreso advirtió que, si el CNE se niega, asumirá el recuento directamente, generando un choque de poderes.
Dirigiéndose a la ciudadanía, la presidenta fundamentó su decisión en cuatro pilares. En primer lugar señaló la negativa del CNE a escrutar miles de actas, lo que «usurpa la soberanía popular»; así como la falta de resolución de cientos de impugnaciones por presunto fraude.
Además, Castro indicó el estado de indefensión de más de un millón de electores y la acusación de que los órganos electorales cedieron a la «injerencia extranjera». Concluyó que se trata de una «crisis de ética, de moral y de valentía democrática».
De forma paralela, Castro envió un mensaje directo al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. Lo invitó a un diálogo franco y cuestionó que sus declaraciones públicas a favor de Nasry Asfura en la red social X «influyeron negativamente» en el proceso y perjudicaron a su candidatura.
2. La guerra psicológica, manipulación y polarización de los medios
Medios corporativos han difundido un mensaje del jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón, emitido el 19 de diciembre de 2025. En él, el militar afirma: «Confíen en sus FF. AA. Estamos con el pueblo, nos debemos al pueblo y venimos del pueblo. Cumplimos nuestra misión conforme a la Constitución de la República».
Estas declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto se publican en el actual contexto de crisis política, horas después de que Xiomara Castro firmara el polémico decreto para recontar actas electorales. Las notas las acompañan con imágenes de militares resguardando material electoral en el Infop.
La estrategia busca proyectar una imagen de neutralidad, estabilidad y apego a la ley por parte de la institución castrense en un momento de alta polarización. Expertos señalan que, en este escenario, tanto el oficialismo como la oposición parecen lejos de cualquier diálogo que pueda traer paz a una población exhausta tras las elecciones.
3. La advertencia de Estados Unidos
Estados Unidos emitió una advertencia contundente sobre la crisis en Honduras. A través de su Departamento de Estado, señaló que cualquier intento de revertir los resultados electorales tendría graves consecuencias. La declaración subraya la urgencia de respetar la voluntad expresada en las urnas.
Washington reconoció la certificación inicial de resultados hecha por el Consejo Nacional Electoral. Advirtió que presionar a este órgano o llamar a alterar el orden público no será tolerado. Si bien no detalló sanciones, el mensaje es claro: exige lo que considera una resolución institucional y transparente.
La posición de EE. UU. refleja una profunda preocupación por la estabilidad del país. “La violencia política no tiene cabida en el proceso democrático. El pueblo hondureño merece una transición pacífica del poder. Esperamos trabajar con el presidente electo Tito Asfura para avanzar en nuestros objetivos compartidos”.
4. El rechazo de la OEA y la respuesta de Luis Redondo
La Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó una profunda preocupación por las acciones en Honduras. Criticó que un grupo reducido de diputados, sin respetar normas parlamentarias, ponga en riesgo la transición de poder. También manifestó consternación por un acto violento dentro del Congreso que dejó una diputada herida.
El organismo consideró que estas acciones buscan obstaculizar la transición constitucional que debe surgir de las urnas. Además, rechazó la intervención del Ministerio Público en el proceso electoral, lo que, a su juicio, criminaliza a los consejeros electorales. Para la OEA, estos hechos son incompatibles con la democracia.
El presidente del Congreso, Luis Redondo, rechazó y desmintió categóricamente el comunicado de la OEA. Lo calificó de parcial, jurídicamente incorrecto y políticamente injerencista. Redondo defendió que todas las actuaciones del Legislativo se realizan en estricto apego a la Constitución y la ley hondureña.
5. Critican decisión de Congreso Nacional
El sector empresarial hondureño exigió respeto a la institucionalidad. Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), hizo un llamado directo al presidente del Congreso, Luis Redondo.
Gallardo exigió «respeto absoluto a la independencia» del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral. Advirtió que cualquier interferencia pone en riesgo la estabilidad del país y la confianza ciudadana.
Su mensaje fue claro: la voluntad de los 3.8 millones de hondureños que votaron debe prevalecer, pues es la base de la democracia. El Cohep también condenó el atentado con mortero que sufrió la diputada Gladys Aurora López.
decreto6. La denuncia de los juristas
Desde el ámbito jurídico, las críticas son severas. Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), denunció la maniobra.
Solórzano explicó que la facultad para anular comicios corresponde exclusivamente al CNE, no al Congreso. La convocatoria de la Comisión Permanente carece de validez, según su análisis.
Subrayó que cualquier acción fuera de los canales legales constituye «un atentado directo contra la democracia» y puede generar responsabilidades penales. Alertó que estos actos buscan crear caos y romper el orden constitucional.
7. El cuestionamiento a la legalidad de la sesión
La base de la decisión congresional es cuestionada. La sesión extraordinaria del 8 de enero se llevó a cabo sin alcanzar el quórum legal requerido.
Solo contó con diputados de Libre y una diputada liberal. El Consejo Nacional Anticorrupción observó con preocupación que no se cumplieron las formalidades exigidas por la ley.
La integración de diputados suplentes debe respetar la correlación de fuerzas definida por el voto popular. Por ello, expertos señalan que la reunión y el decreto carecen de validez legal.
8. Nasralla pide a Corte Suprema de Justicia conteo de voto por voto
El candidato presidencial Salvador Nasralla presentó una solicitud formal ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Pide que se ordene la revisión de todas las actas y el conteo de votos que no fueron incluidos en la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Su objetivo es que se escruten las 8,845 actas que presentan inconsistencias, según su equipo legal.
La abogada Karla Romero interpuso un recurso de amparo en nombre de Nasralla ante el máximo tribunal. La acción jurídica argumenta que existió una manipulación electoral en su contra. Con este recurso, buscan una orden judicial que obligue al CNE a realizar el conteo voto por voto de las actas impugnadas, un proceso que consideran esencial para la transparencia.
Esta solicitud judicial representa una ruta institucional paralela al polémico decreto legislativo. Mientras el Congreso ordena un escrutinio general, Nasralla busca que la Corte Suprema, como máximo intérprete de la ley, avale y mande un conteo específico de las actas cuestionadas. Es una apuesta por una salida legal a la crisis que aún no ha sido resuelta por el órgano electoral.
El abogado y dirigente liberal Eduardo Martel dijo a Radio Progreso: «No estaríamos en esto si no se hubiese burlado la voluntad soberana y si no se hubieran cerrado las puertas que legítimamente tocamos para que se abriera el escrutinio». Con estas palabras, Martel acusa al CNE de ignorar las impugnaciones y sostiene que el fraude electoral es la raíz de toda la inestabilidad política actual.
9. TJE rechaza apelación de Aldana, quien insiste en no entregar la alcaldía
El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declaró inadmisible el recurso de apelación del alcalde capitalino Jorge Aldana. Esta resolución, que cierra una vía legal para impugnar los resultados, se conoció en medio de cuestionamientos internos por la inasistencia del magistrado Mario Morazán a sesiones clave del pleno.
Frente a la decisión judicial, Aldana reiteró su negativa a entregar la alcaldía. Insistió en que el proceso no ha finalizado mientras no se sumen las 435 actas que, según él, le darían la victoria y representan más de 100,000 votos. Aseguró que su postura no se basa en ganar o perder, sino en «defender la legalidad y el respeto al voto».
La firmeza de Aldana, quien no reconoce ningún resultado que excluya esas actas, choca frontalmente con el fallo del TJE. Este enfrentamiento entre una resolución judicial y la resistencia política del candidato suma otra capa de conflicto a la ya tensa transición municipal en la capital hondureña.
