Por Redacción de RSM
Foto principal: redes de Miriam Miranda
Tegucigalpa, Honduras. Un fuerte operativo policial desplegado en la comunidad garífuna de San Juan, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, ha encendido las alarmas de organizaciones defensoras de derechos humanos. La coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, denunció que más de 200 agentes de la Policía Nacional se tomaron la comunidad la tarde de ayer, utilizando gases lacrimógenos y disparando balas vivas contra sus habitantes.
La irrupción se produce a pesar de que el Estado de Honduras está sujeto a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida en 2023, que le ordena restituir las tierras ancestrales a la comunidad garífuna de San Juan y reparar las violaciones a sus derechos. San Juan es uno de los casos emblemáticos de despojo territorial y criminalización contra los pueblos afrodescendientes en Honduras.
Los detuvieron durante horas antes de liberarlos
Según el relato de Miranda, difundido a través de sus redes sociales, las fuerzas del orden se llevaron a al menos cinco integrantes de la comunidad, entre ellos a Deinor Osmany Mejía Arzú, presidente del Comité de Defensa de la Tierra de San Juan. Los otros detenidos fueron identificados como Irbin René López Cortés, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Riboberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta Acosta. A ellos se les pretende acusar por el presunto delito de usurpación.
Sin embargo, según video difundido por la Red de Defensoras, ayer mismo a las 10:43 de la noche, la Policía Nacional dejó en libertad a las cinco personas detenidas. «Nuestras compañeras y compañeros de la comunidad garífuna de San Juan han sido liberados con medidas después de ser criminalizadxs por la Policía Nacional mediante el delito de usurpación agravada en un desalojo violento ocurrido en la mañana», anunció la Red.
«La Policía Nacional emitió una circular el 27 de junio donde decían que se respetarán los territorios indígenas y tribales, y en este momento más de 200 policías se han tomado la comunidad de San Juan, están disparando balas vivas y se han llevado a cuatro jóvenes», denunció Miranda en un mensaje de alerta dirigido a organismos nacionales e internacionales.
La dirigente garífuna también estableció un paralelismo con lo ocurrido en 2020 en la comunidad de Triunfo de la Cruz, donde cuatro jóvenes garífunas fueron detenidos por las autoridades y hasta la fecha se desconoce su paradero. «Se repite la historia de Triunfo de la Cruz, el 2020 se llevaron a cuatro jóvenes garífunas, hasta la fecha no conocemos su paradero. Hoy la policía se acaba de llevar a 4 o más jóvenes y no se sabe el paradero de ellos», enfatizó.
Así incumplen fallo de la Corte IDH
La comunidad garífuna de San Juan, con una población de más de 4,200 habitantes, ha padecido durante décadas la venta y adjudicación de su territorio a terceros, así como un clima de amenazas y violencia. La Corte IDH emitió su sentencia el 29 de agosto de 2023, declarando al Estado de Honduras responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva y a la obligación de garantizar la participación en los asuntos públicos.
El fallo, que es la tercera sentencia de la Corte IDH en favor de poblaciones garífunas de Honduras —tras los casos de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, ambos de 2015—, ordena conferir un título de propiedad colectiva a la comunidad sobre tierras alternativas o pagar las correspondientes indemnizaciones. Además, ordena resolver los recursos judiciales o administrativos pendientes y adoptar medidas de reparación que aún siguen pendientes de cumplimiento.
La sentencia fue notificada en diciembre de 2023 y el Estado reconoce que le corresponde a San Juan un territorio de unas 674 hectáreas, aunque los límites no coinciden con lo otorgado en el año 2000.
Las organizaciones garífunas, a través de Ofraneh, han insistido en que las únicas tierras de igual o mejor calidad para la restitución son las que históricamente han pertenecido a la comunidad. Por ello, exigen el cumplimiento cabal de la sentencia y el cese de la criminalización contra sus líderes.
«Gobierno espurio» y llamado internacional
Miriam Miranda calificó al gobierno hondureño como «espurio» y lo acusó de atentar contra la vida del pueblo garífuna en lugar de acatar los fallos internacionales. «Exigimos respeto a la posesión ancestral de la comunidad Garífuna de San Juan, el Estado debe restituir las tierras ancestrales a la comunidad tal como lo establece la Corte Interamericana de DDHH, emitida desde el 2015», escribió.
Ofraneh, liderada por Miranda, ha sido una de las voces más críticas contra el despojo territorial en Honduras. Miranda ha recibido amenazas, ha sido arrestada ilegalmente y secuestrada en el pasado por su labor de defensa de los derechos humanos y del territorio. Desde 2019, la dirigente ha sido reconocida con el premio de derechos humanos de la Fundación Friedrich Ebert y ha sido una figura clave en la exigencia de cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH.
Ante la gravedad de los hechos, Ofraneh y otras organizaciones aliadas han emitido alertas a la comunidad internacional, incluyendo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que intercedan y detengan lo que denominan una «guerra contra el pueblo garífuna».
La comunidad de San Juan, al igual que otras poblaciones afrodescendientes e indígenas en Honduras, continúa en una lucha constante por el reconocimiento de sus territorios ancestrales, en medio de un contexto de violencia estructural, impunidad y avance de proyectos extractivos y turísticos que amenazan su existencia y cultura.
