La Corte Suprema de Honduras calla y un periodista vinculado al caso Hermes grita el odio racial, pero garífunas retan al poder: "No nos vamos hasta que haya justicia"
Por Dunia Orellana, José Manuel Serén y Kevin Contreras
Fotos de Dunia Orellana, Kevin Contreras y Arcah
Tegucigalpa, 27 de agosto de 2026. Las carpas llevan 17 días plantadas frente a la Corte Suprema de Justicia. No son cualquier carpa. Son la respuesta de un pueblo que lleva 52 días viendo cómo el Estado criminaliza a cinco de los suyos por defender lo que les pertenece por sangre, historia y derecho: su territorio ancestral.
El 6 de julio, más de 300 policías irrumpieron en la comunidad garífuna de San Juan, Tela. El saldo: cuatro hombres y una mujer detenidos, acusados de usurpación. Usurpación de su propia tierra.
CRIMINALIZADOS. Pancartas denunciando la detención de cuatro hombres y una mujer tras el desalojo del 6 de julio en San Juan, Tela.
«Eso no es un juicio legal, es una barbarie»
Miriam Miranda, coordinadora general de Ofraneh, habla desde el campamento. Su voz no tiembla, pero la indignación se siente en cada palabra. «Desde anoche empezamos a llegar. Hoy a las seis de la mañana instalamos esto. Hemos presentado todo tipo de acciones legales y hasta la fecha no tenemos respuesta», declaró la lideresa garífuna.
El caso fue trasladado a la jurisdicción nacional, el mismo espacio donde se juzga a narcotraficantes y grandes corruptos. Ella lo dice sin rodeos. «¿Cómo es posible que nuestros hermanos sean enjuiciados en un lugar donde no les corresponde? Si hay un juicio, tiene que ser en Tela«.
GARÍFUNAS. Miriam Miranda, coordinadora general de Ofraneh.
Y deja clara la condición para cualquier diálogo. «La condición para que vayamos a una reunión es que cierren el caso. Como una muestra de voluntad del Estado de que sí quiere dialogar».
«No es coincidencia»: la denuncia que remece al periodismo
El 21 de agosto, Ofraneh presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el periodista Ulises Aguirre, de Televicentro, por «actos criminales de odio, racismo y discriminación contra el pueblo garífuna».
No es la primera vez. Ya en octubre de 2025 lo denunciaron por lo mismo. ¿Respuesta? Ninguna. Pero hay un detalle que lo vuelve más grave. Aguirre aparece en el caso Hermes, la investigación que reveló que al menos 77 periodistas recibieron pagos millonarios del Estado durante el gobierno de Juan Orlando Hernández a cambio de favores mediáticos.
«La inmunidad ha permitido que esas reflexiones continúen», denuncia Ofraneh. Y el argumento central de Aguirre no es casualidad: cuestiona el origen del pueblo garífuna. Esa misma narrativa la usó el Estado hondureño en 2015 ante la Corte IDH para negar derechos territoriales. Y perdió. La Corte falló a favor del pueblo garífuna. «Hoy esa narrativa vuelve a utilizarse para justificar el despojo territorial», alerta la organización.
«Ese odio es contra ustedes mismos»
En la presentación de la denuncia, Miriam Miranda soltó una reflexión que retumba: «Muchos de los que hablan mierda están hablando contra sus abuelos, contra sus antepasados. Esos que creen que son blanquitos… les van a caer cabezas de negros e indígenas. ¿O es que se les olvida qué son?».
Y remata con un golpe en la mesa. «Esta campaña no es un odio contra el pueblo garífuna, es un odio contra ustedes mismos. Pongámonos las pilas porque ahí no nos van a desaparecer de este país».
«Vuelve el lunes a ver qué contestan»
Cuando Ofraneh llegó al Ministerio Público a presentar la denuncia, la respuesta fue la de siempre: «Venga el lunes a ver qué contestan».
Miranda lo recuerda con amargura. «El año pasado en octubre, con esa campaña mediática de odio racista, presentamos una denuncia. ¿Saben si nos han contestado?». El silencio es la respuesta. Recuerda en ese momento las críticas a Televicentro por el odio contra la población garífuna.
La mentira judicial
Este mismo 27 de agosto, el Poder Judicial publicó en redes que la audiencia inicial en Tela se suspendió por las manifestaciones.
Ofraneh respondió con dureza. «Esta información es falsa. En el Juzgado de Tela no fue suspendida ninguna audiencia, sencillamente porque no existía ninguna audiencia prevista ni convocada para el día de hoy».
Lo que sí existía era un plantón, parte de los 52 días de protesta, exigiendo que el Juzgado resuelva las acciones legales presentadas desde el 6 de julio. La Corte, en lugar de actuar, inventó una excusa. “La suspensión se debió a las manifestaciones registradas afuera del edificio judicial”, dijo en X.
Mientras los grandes medios callan, el padre Melo, defensor histórico de derechos humanos, lo dijo sin filtro. «El silencio tácitamente acordado en la mediática corporativa ante las declaraciones racistas y discriminatorias del periodista Ulises Aguirre, no solo es falsa solidaridad, sino contubernio y aceptación de que en dichos medios es válida la agresión racial y el discurso de odio».
Radio Progreso, fiel a su historia de resistencia, también alzó la voz. «Cuando un periodista, en nombre de la libre circulación de ideas, ofende o ataca a los pueblos, no está ejerciendo legítimamente la libertad de expresión; está abusando de su función».
En el campamento, hay algo que Miriam Miranda quiere dejar claro. «Si alguien come frijoles, ahí todo mundo va a comer. Nosotros sí compartimos la olla común. No somos como los otros parpadeos que solo ellos quieren comer», afirmó.
Arte, cultura, comunidad. Y una promesa. «No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí. Bajo sol, agua, lo que venga, pero aquí vamos a estar».
Un llamado a despertar
Ofraneh no solo pide justicia para los cinco compañeros. Exige el cumplimiento de las cuatro sentencias de la Corte IDH que reconocen los derechos territoriales del pueblo garífuna. Denuncia un plan de genocidio cultural. Y llama a la movilización: «Levántense contra este grupo que sí son criminales, porque están llevando a la destrucción al pueblo hondureño».
La pregunta queda flotando, incómoda, frente al edificio de la Corte Suprema: ¿Hasta cuándo el silencio judicial será cómplice del despojo y el racismo? Mientras tanto, el campamento resiste. 17 días. Y los que vengan. Se unió el Copinh y la Plataforma Agraria, así como siguen resistiendo desde el principio Arcah, Red de Defensoras, Pueblo y Barrio y Barracón Digital. Otras plataformas y organizaciones sociales están a diario compartiendo con todas las personas asistentes.
📌¡El pueblo Lenca y COPINH vuelven a Tegucigalpa! Acompañamos el Campamento «Por la Vida del Pueblo Garífuna» para exigir el cese a la persecución en San Juan, Tela, el cumplimiento de las sentencias además de sostener un espacio de diálogo y resistencia que el desalojo apagará. pic.twitter.com/YfJIDTTJFq
El pueblo garífuna es un pueblo originario de las Américas. Su identidad se formó a partir de raíces ancestrales indígenas y africanas. Nadie nos va a borrar de este país.
—Comunicado de Ofraneh, 27 de agosto de 2026
«El campamento está quedando chico»
La primera en llegar fue Berta Zúniga, coordinadora general del Copinh. Hija de Berta Cáceres, la lideresa lenca asesinada en 2016, Zúniga puso el peso de su pueblo sobre la lucha garífuna. «Es un ejercicio de demostración de fuerza contra un sistema que es parcial, que está defendiendo intereses empresariales y que está promoviendo la criminalización a los pueblos que reivindicamos nuestro derecho a poseer nuestro territorio ancestral», señaló Zúniga.
Fue clara: la lucha de San Juan no es un caso aislado. Es la misma persecución que enfrentan los lencas, la misma ley del despojo que amenaza a todos los pueblos originarios.
«La Ley Agroindustrial debe ser enterrada»
La Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial —que los garífunas llaman «ley del despojo»— está en el centro de la tormenta. Zúniga la describió como el inicio de un marco jurídico diseñado para «proteger empresas generadoras de energía» y «favorecer intereses empresariales en detrimento de los derechos de los campesinos y pueblos indígenas».
La ley declara de «interés y prioridad nacional» las tierras destinadas a actividades agroindustriales, energéticas, turísticas y ganaderas, y prohíbe a las autoridades reconocer ocupaciones, incluso cuando se trate de reivindicaciones territoriales ancestrales.
Campesinos del Aguán: desalojados, pero no vencidos
El lunes, Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria del Aguán, se sumó al campamento tras sufrir un violento desalojo cuando se manifestaban frente al Instituto Nacional Agrario (INA). Rivas denunció al titular del INA, Javier Talavera, por promover mil desalojos en contra de campesinos.
Ese mismo día, 16 organizaciones campesinas articuladas en la Alianza Campesina, Indígena y Popular interpusieron 21 recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
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