Por Redacción de RSM
Fotos y videos de José Manuel Serén
Tegucigalpa, Honduras. Un masivo remezón en la administración pública de Honduras ha traspasado las fronteras nacionales para convertirse en un expediente de alta tensión laboral internacional. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) formalizó el emplazamiento contra el Estado hondureño. Además le dio un plazo de 30 días para que explique el despido de casi 12,000 empleados estatales y el descabezamiento de juntas directivas sindicales completas.
La Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) impulsó la acción internacional el 14 de julio. La acompañaron la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), la Federación Sindical Mundial (FSM) y la Red contra la Violencia Antisindical en respaldo a 14 organizaciones sindicales del sector público.
Afectan a grupos vulnerables
A diferencia de los reajustes gubernamentales ordinarios, las dirigencias obreras denunciaron que las destituciones se han ejecutado con absoluta insensibilidad humana y severas violaciones legales. Entre miles de personas despedidas figuran trabajadoras embarazadas o en periodo postnatal, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas o terminales (cáncer, VIH) y adultos mayores.
«Han despedido sin tocarse el corazón a compañeras con enfermedades de base, con problemas de cáncer, personas de la tercera edad y de sectores vulnerables. Lo que se ha vivido en este gobierno es una auténtica masacre laboral», lamentó Dinora Cruz, presidenta de la FUTH.
Asimismo, se documentó la cancelación de unos 400 dirigentes sindicales amparados legalmente por el fuero sindical. El propósito de la acción es desarticular la representación de los trabajadores e impedir la negociación colectiva.
El decreto de la controversia
De acuerdo con los líderes gremiales, los despidos están amparados por la Ley de Reactivación Económica y Humana. No obstante, según los sindicatos se usa esa normativa como una fachada legal para justificar la cancelación masiva de empleados por motivos de sectarismo político.
José Paulino Cruz, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Infraestructura y Servicios Públicos (Sitrasep), detalló la magnitud del impacto. «Solamente en nuestra institución se destituyó a 87 directivos y se arrasó con más de 4,000 empleados. Defendemos al trabajador sin importar su color político, pero la respuesta oficial ha sido el sectarismo y la persecución».
Acciones en la OIT y la CIDH
Frente a la falta de respuesta interna, las centrales obreras acudieron a la OIT y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando la violación sistemática de los Convenios 87 (libertad sindical) y 98 (negociación colectiva) de la OIT, así como del Protocolo de San Salvador.
Entre los casos abarcados se hallan los siguientes:
- La ola general de 12,000 despidos y la persecución a 14 sindicatos estatales.
- Represalias e intentos de desarticulación de la Junta Directiva Central del Sindicato de Trabajadores de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (Sitraahac).
- Si el Gobierno no justifica los despidos ni revierte los atropellos, Honduras ingresará a la «lista roja» de países infractores de derechos laborales, bloqueando el acceso a fondos de cooperación e inversiones internacionales.
Exigencia de conciliación e inundación de pruebas
Las 14 organizaciones denunciantes (entre ellas Sitraahac, Sitrasefin, Sitraihtt, Sitrainm, Sitrasedesol, Sitrabanadesa y Sitrasedh) manifestaron su disposición a participar en un proceso de conciliación con la asistencia técnica de la OIT o mediante una misión internacional in situ.
Al mismo tiempo, exigieron al secretario de Trabajo y Seguridad Social, Fernando Puerto Castro, cumplir con los compromisos internacionales de Honduras y reactivar la Comisión de Violencia Antisindical para frenar las amenazas, cesantías e intimidaciones contra la clase trabajadora.
