«Sí se pudo», gritaba la comunidad afuera de los juzgados de Roatán, Islas de la Bahía, en el norte de Honduras, después de conocer el sobreseimiento definitivo de los seis acusados de «usurpación agravada»
Horas después de la liberación de los garífunas en Islas de la Bahía, Miriam Miranda, volvía de Punta Gorda en un vehículo que fue detenido por la Policía Nacional cerca del puente Danto en La Ceiba
La defensa comprobó con documentación y por medio de los testigos que la fiscal Reyna Yesenia Funes Canizales pidió de forma (independiente) e ilegal la participación de las Fuerzas Armadas en el desalojo
A lo largo de la audiencia, funcionarios del Estado expresaron muestras de «racismo, odio, prejuicio y estigma» contra la comunidad garífuna al degradar los rituales y prácticas ceremoniales y referirse a ellos como brujería y al burlarse del concepto «tierra ancestral», según informe del Bufete para los Pueblos
Por Amílcar Cárcamo, Dennis Arita y Dunia Orellana
Fotos y videos de Amílcar Cárcamo
Roatán, Islas de la Bahía, Honduras. «¡Viva el pueblo garífuna, viva Punta Gorda, viva Miriam Miranda!»: en una fiesta se convirtió hoy en Roatán la liberación «definitiva y absoluta» de los seis compañeros y compañeras garífunas judicializados por haber tratado de recuperar territorios ancestrales el 7 de noviembre pasado en la comunidad de Punta Gorda.
Cantando «¡sí se pudo!» y «¡el pueblo unido jamás será vencido!», una multitud bailó hasta caer rendida ante los juzgados y en las calles de la isla para celebrar el fin de la audiencia inicial contra los seis defensores garífunas detenidos por haber supuestamente cometido «usurpación agravada» cuando en Punta Gorda intentaron recuperar tierras en las que han vivido desde 225 años.
Horas después de la liberación de los garífunas en Islas de la Bahía, la líder de Ofraneh, Miriam Miranda, volvía de Punta Gorda en un vehículo que fue detenido por la Policía Nacional cerca del puente Danto en La Ceiba departamento de Atlántida en el norte de Honduras. Después de mostrar la documentación correspondiente, la policía, de manera «hostil y racista», insistió en registrar a los acompañantes de Miriam e intentaron obligarla a bajar del carro, a lo cual no accedió, pues no había ninguna razón ni argumento jurídico para ello. La defensora intentó comunicarse con autoridades policiales, quienes no respondieron denunció la Red de Defensoras este sábado por sus redes sociales.
«Denunciamos la reiterada hostilidad, el racismo y la persecución contra el pueblo garífuna, especialmente contra la Ofraneh y su lideresa Miriam Miranda. De igual manera hacemos responsable al Estado de Honduras por la integridad de la defensora y sus acompañantes», señala la alerta.
Una fiesta que no para
Desde las siete de la mañana, la comunidad garífuna se hizo presente con paraguas y sillas para apoyar a su compañeros. Ni la lluvia ni los policías pudieron amedrentar a la comunidad, que con sus tambores y sus rituales de humo, llamados guli, limpiaban el lugar y reforzaban sus espíritus.
Fumaron puros, quemaron incienso, alzaron sus banderas y cantaron coros al unísono, haciendo retumbar los juzgados cada vez que salían los implicados a los descansos y los abogados daban sus resúmenes.
Sin embargo, la audiencia, según la defensa del Bufete de los Pueblos, estuvo plagada de racismo, malos procedimientos y pruebas que no fueron parte de una adecuada cadena de custodia.
Esas son algunas de las razones por las que el juez de letras de Roatán, Allan Urbina García, otorgó sobreseimiento definitivo a los seis garífunas acusados de usurpación de tierras que según documentos fueron donadas a la hondureña naturalizada estadounidense Ritzy Wanda Norman Jones, como aclaró en una nota Reporteros de Investigación.
Urbina también fue, casualmente, el responsable de haber ordenado el desalojo del 7 de noviembre en Punta Gorda en que la policía arrestó y encarceló en primitivas celdas a Dorotea Eliza Arzú López, Melisa Fabiola Martínez Reyes, Augusto Moisés Dolmo Hill, Keyder Tichando González, Abat Efrayn Sánchez Gómez y Richard Armando Martínez Valerio.
Por otra parte, en la audiencia de imputados, Urbina les dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva a las y los seis defensores.
El sobreseimiento que ordenó Urbina fue el resultado de «un trabajo de equipo enorme» de la defensa «con nuestro pueblo», afirmó el líder garífuna y doctor Ronny Leonidas Castillo, quien llegó desde Egipto para presentar su testimonio ante el juez en el caso de los acusados de Punta Gorda y señaló: «Sin territorio, la comunidad desaparece».
Castillo, de camisa blanca con bordado étnico, se dirigió a través de un megáfono a la multitud reunida fuera del juzgado. «El pueblo garífuna tiene que respetarse», declaró.
La liberación definitiva de los seis defensores del territorio es el resultado del «abordaje adecuado», manifestó el coordinador de la defensa, Edy Tábora, quien, de traje y barba, usó el mismo altavoz que Castillo para pronunciarse al final de la segunda audiencia.
Según Tábora, para el desenlace del proceso contra los defensores tuvieron mucha importancia las declaraciones del perito Ronny Castillo. Además citó las palabras de la líder de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda. «Miriam dijo que es un proceso histórico y esa es la clasificación [de la audiencia]», aseveró Tábora.
Provocaciones e intimidaciones
«Nos estamos enfrentando a un poder económico que quiere desaparecernos. Estamos hablando de los intereses de los empresarios de las islas y más allá de las Islas de la Bahía«, dijo la líder garífuna Miriam Miranda en el segundo día de la audiencia.
Miranda denunció también la intimidación policial y de otro tipo de fuerzas militares afuera de los juzgados de Roatán.
«Ingresó un vehículo con gente encapuchada que estuvieron a punto de llevarse a la gente que estábamos aquí», dijo. «Estamos totalmente rodeados de policías. ¿Qué pretenden? Intimidarnos o generar terror a nuestro pueblo que estamos acompañando a lxs defensores garífunas de Punta Gorda».
Los actos de intimidación a lo largo de la expulsión y la audiencia contradicen a la jueza, quien recalcó que las autoridades siempre han realizado los desalojos de manera pacífica.
Sin embargo, la fuerza naval se hizo presente por solicitud del abogado representante de Ritzy Norman.
«¿Es normal que en los desalojos se lleven armas?», le preguntó el abogado defensor Edy Tábora a la jueza. Esta respondió que sí, pero que nunca las han usado.
Sobre la forma como los operadores de justicia han tratado a las poblaciones afrohondureñas y originarias, Miriam Miranda se expresó desde el primer día de la audiencia. «Este es un país racista», dijo.
Agentes de policía les tomaron fotografías y videos con su celular personal a los miembros del equipo de defensa legal, a las defensoras y defensores garífunas, a los miembros de la Red Nacional de Defensoras y a los manifestantes que se encontraban afuera del juzgado.
Reportar sin Miedo grabó un video donde documenta esta denuncia.
Fiscal ordenó participación de las Fuerzas Armadas
A los vicios del proceso contra los seis defensores se suma la presencia de una fiscal del Ministerio Público (MP) en el sitio donde se ejecutó la expulsión del pueblo garífuna de Punta Gorda.
La fiscal Reyna Yesenia Funes Canizales estuvo presente en la expulsión, admitió la jueza ejecutora del desalojo, Sandra Salgado Bonilla, durante el segundo día de audiencia.
Bonilla también señaló que la fiscal Funes coordinó de forma efectiva el desalojo, a pesar de no tener competencias para estar allí.
Miriam Miranda publicó en Twitter un video en el que puede verse a la fiscal Funes, quien va vestida de blusa negra y jeans, lleva al cuello una placa y se halla de pie junto a la supuesta representante de los propietarios de los terrenos en disputa. «Procederemos al desalojo porque tenemos una orden judicial», dice la fiscal en el video.
Por otra parte, la jueza ejecutora Sandra Bonilla constató que la acusación privada gestionó la participación de elementos de las fuerzas navales en el desalojo. Esa revelación lanza una alerta sobre la injerencia de intereses privados en las Fuerzas Armadas de Honduras.
La fiscal Funes Canizales llegó a la audiencia en el juzgado de Roatán calzada con carísimos zapatos Louis Vuitton mientras en el mismo lugar se hallaban varias personas garífunas con calzados sencillos o incluso hasta descalzos.
Vestida con elegante blusa mostaza y falda negra, la fiscal del MP lució en todo momento los zapatos transparentes con las iniciales LV que solo pueden comprar grandes estrellas de Hollywood como Jennifer López y Sarah Jessica Parker. Los tacones de sus exclusivos Louis Vuitton repicaban en el suelo de madera cada vez que entraba y salía de la sala.
La fiscal Funes Canizales también pidió de forma ilegal la participación de las Fuerzas Armadas en el desalojo, consta en documentos del Ministerio Público.
«El Ministerio Público (MP) es un patrón de irregularidades, ilegalidades y abuso. El MP solicitó, sin estar facultada, la presencia de los militares en el desalojo. El MP no tenía facultades para participar en el desalojo ni mucho menos de ordenar la intervención de las fuerzas armadas», expresó el coordinador de la defensa, Edy Tábora.
Brujería y estigma
En el segundo día de audiencia, un agente de la DPI declaró que durante una semana investigó las tierras supuestamente usurpadas, pero nunca entrevistó a nadie del pueblo garífuna para conocer el fondo del caso.
Su investigación sirvió como documentación para emitir el requerimiento fiscal. El agente desconoció que en las Islas de la Bahía hubiera una población afrodescendiente garífuna. Además, cuando realizó la investigación andaba acompañado por dos personas más porque a los «garífunas y a los misquitos les tengo miedo porque son brujos».
A lo largo de la audiencia, funcionarios del Estado expresaron muestras de «racismo, odio, prejuicio y estigma» contra la comunidad garífuna al degradar los rituales y prácticas ceremoniales y referirse a ellos como brujería y al burlarse del concepto «tierra ancestral», según informe del Bufete para los Pueblos.
En la audiencia estaban presentes tres personas delegadas de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, dos observadoras de la oficina de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), una observadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, una observadora del Bufete Justicia para los Pueblos y dos periodistas nacionales e internacionales.
No hubo publicidad mediante transmisión virtual, a pesar de que organizaciones y la defensa legal la solicitaron.
Puntos a tener en cuenta
El 2 de agosto de 1996, Honduras declara patrimonio nacional el lugar de Punta Gorda (Decreto 68-96), por ser el punto de arribo de los garífunas el día 12 de abril de 1797 y manda a construir un monumento conmemorativo.
El Convenio 169 de la OIT en su artículo 14, numeral tres, manda instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema judicial nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.
En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia condenatoria contra el Estado por violar los derechos colectivos de las comunidades garífunas de Punta Piedra en Colón y Triunfo de la Cruz en Atlántida. La Corte reconoce y establece que existe una estrecha relación entre los garífunas y la tierra, considerada la madre.
Coincidencias del terreno en disputa de Punta Gorda
El 5 de julio de 2009, Fair Jones, le donó 1,152 metros cuadrados a la señora María Elena Álvarez Castro. Y el 11 de septiembre, le donó 44,515 metros cuadrados a Ritzy Torres, conocida como Ritzy Wanda Norma Jones (6.3 manzanas, unos 15 acres). La señora Fair Jones de Norman obtuvo 15 acres mediante un título supletorio extendido por el Juzgado de Letras de Islas de la Bahía, con fecha 26 de junio de 1969, de acuerdo al tomo 161, inscripción 73 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas.
Colindancia: según los documentos inscritos en el IP, el terreno de seis manzanas colinda actualmente al norte con German Castro y Reynaldo Flores, al sur con carretera pavimentada hacia Oak Ridge, al este con terreno de Fair Jones de Norman y al oeste con Fair Jones de Norman y carretera hacia French Harbour y desvío hacia Punta Gorda.
Es de resaltar que en 2003, la señora Fair Jones de Norman solicitó una remedición de su terreno de 15 acres y obtuvo un total de 28 acres a su favor, es decir 13.4 acres más. De acuerdo a las conversiones, 28 acres equivalen a 16.5 manzanas (11.5 hectáreas). Y 13 acres equivalen a 5.4 hectáreas que equivalen a 7.6 manzanas. De acuerdo al documento, el ingeniero que hizo la medición es el señor Ivan N. Jones, colegiado con el número 3-495 del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, quien al efecto realizó la medida del inmueble, levantando el plano topográfico y añadiendo los 13 acres más a favor de Fair Jones de Norman. Ambos llevan el mismo apellido.
