Con una protesta frente a los juzgados de Roatán, en medio de docenas de policías, la líder de Ofraneh exigió junto con los pobladores garífunas la inmediata y absoluta liberación de los seis defensores del territorio arrestados el 7 de noviembre en Punta Gorda y liberados con medidas sustitutiva
A eso de las seis de la tarde de hoy se anunció que la audiencia continuará mañana temprano
Por Amílcar Cárcamo, Dunia Orellana y Dennis Arita
Fotos y videos de Amílcar Cárcamo
Islas de la Bahía, Honduras. Protegidos de la fría lluvia debajo de carpas improvisadas, paraguas, sombreros y pañoletas y rodeados de policías antimotines, los defensores del territorio garífuna se plantaron hoy frente a los juzgados de Roatán para reclamar la libertad “absoluta y definitiva” de sus seis compañerxs arrestadxs durante el desalojo del 7 de noviembre en Punta Gorda.
El plantón tiene lugar mientras en el palacio de justicia de esta zona del departamento de Islas de la Bahía se lleva a cabo la audiencia de los seis defensores del territorio por el supuesto delito de “usurpación agravada”.
La denuncia de usurpación se basa en un título de dominio pleno de 2003 a favor de la estadounidense naturalizada hondureña Fair Jones de Norman, quien le donó el terreno a su hija Ritzy Wanda Norman Jones, aclaró en una nota Reporteros de Investigación. Los documentos del terreno pueden verse en las imágenes a continuación, aparecidas originalmente en RI.
Policías y militares arrestaron a Melissa Martínez, Dorotea Arzú, Richard Armando Martínez, Abot Efraín Sánchez, Keyden Tishany Gonzales y Augusto Moisés Dolmo el 7 de noviembre en la comunidad de Punta Gorda, Roatán, cuando junto sus compañeros pretendían reclamar territorios ancestrales donde han vivido desde hace más de 200 años.
“Queremos la libertad absoluta y definitiva de nuestros compañeros que fueron acusados de ser invasores de su propio territorio ancestral”, dijo a Reportar sin Miedo la líder de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda, quien se protegió de la lluvia llevando una manta anaranjada sobre la cabeza.
“En este país siempre se judicializa a las y los defensores de nuestros pueblos. Aquí estamos esperando la libertad definitiva de nuestros hermanas y hermanos porque no son delincuentes. Aquí los asesinos y las mafias de este país andan tranquilos y precisamente protegidos por los que hoy tienen cercada esta puerta [del juzgado] para que no entremos”, agregó la activista.
“Aquellas personas que no respeten la ancestralidad del pueblo garífuna van a perder. Y mucho”, expresó Miranda ante las burlas y risas de policías que estaban afuera del juzgado.
“No sé de qué se ríen ni saben lo que son, por eso es que se ríen, porque son unos verdaderos ignorantes”, afirmó la líder. “Estos tambores sonarán hasta el fin del mundo, no somos invasores, ellos son los invasores. Tenemos 225 años de presencia en Punta Gorda, antes de que Honduras fuera república. Cómo nos pueden decir que somos invasores”.
Cantan y protestan
Más de 400 personas garífunas llegaron a protestar a los juzgados isleños con camisetas en las que se leían mensajes como “los garífunas no invadimos, recuperamos nuestro territorio” y “dos años y seguimos exigiendo la aparición de nuestros hermanos”, refiriéndose a los cinco garífunas desaparecidos el 18 de julio de 2020 en Triunfo de la Cruz, litoral atlántico de Honduras.
Al mismo tiempo, los manifestantes mostraron con orgullo elementos de su cultura como bailes y cantos ancestrales y ropa colorida. Las mujeres llegaron vestidas con turbantes rojos, azules y blancos, mientras otros pobladores encendían sahumerios y realizaban otros rituales pertenecientes a la espiritualidad garífuna.
En medio del ambiente de cantos y bailes continuaron las críticas a los grupos de poder de Honduras que orquestan las expropiaciones en Punta Gorda y en otras zonas del país.
“El desconocimiento de derechos de los pueblos indígenas por parte del Poder Judicial ha sido muy conveniente para la élite de poder que ha venido especulando con el territorio garífuna. Instamos al Estado a apegarse a la convención Interamericana de Derechos Humanos, Convenio 169”, expresó Ofraneh durante la audiencia.
Entretanto, los agentes de Policía Nacional que “custodiaban” la escena de la protesta tomaron fotografías de los manifestantes frente a los juzgados de Roatán, donde se desarrolla la audiencia contra los seis garífunas arrestados el 7 de noviembre y luego liberados con medidas sustitutivas.
Por otra parte, las instituciones gubernamentales de la administración de Xiomara Castro se pronunciaron respecto a la audiencia y a los hechos del 7 de noviembre, al parecer motivados por las críticas de la población en cuanto a la tardanza del gobierno en responder a esta situación que perjudica a los pueblos ancestrales de Honduras.
“Exhortamos a las instancias judiciales correspondientes al respeto y reconocimiento del debido proceso, en este caso particular del pueblo garífuna de Punta Gorda y sus tierras ancestrales”, señaló la Secretaría de Derechos Humanos.
Denuncian racismo de la fiscalía hondureña
Enfadada por la injusticia cometida por las autoridades hondureñas se encuentra Melissa Martínez, una de las defensoras criminalizadas, según sus declaraciones para la Red de Defensoras.
“Hemos visto que el racismo de la fiscal es la manera de actuar en contra de nosotros porque ella allí, en plena audiencia, se ríe y pone sus gestos hacia nosotros, que lo podemos notar. Una siente impotencia en ese momento estar sentada y no poder decir nada”, aseguró.
Martínez dijo a Reportar sin Miedo que están haciendo historia en la isla porque siempre ha habido intereses muy grandes de las autoridades que han reprimido a la comunidad. “Ya nos levantamos porque por derecho esta tierra nos pertenece”, expresó.
La defensora denunció que hay poderes políticos y económicos detrás de la tierra y hasta ha habido muertos, pero no se ha hecho justicia para los garífunas asesinados en la defensa del territorio.
Por su parte, la defensa coordinada por Edy Tábora dijo a Radio Progreso que en el caso trabajan cinco abogados y tres especialistas en derecho de la tierra, dos garífunas hondureños y una guatemalteca.
El Ministerio Público ha ratificado los delitos de usurpación agravada para cinco de los defensores y, para el garífuna restante, el delito de atentado contra un policía.
“Se observa que el Ministerio Público se pone al servicio de personas privadas y además las expresiones racistas que van expresando en cada momento de la audiencia son totalmente lamentables”, dijo Tábora.
El defensor agregó que hay un desconocimiento del Convenio 169 de la OIT y la sentencia condenatoria de la Corte IDH contra el Estado de Honduras por el despojo de la tierra.
“El Estado de Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1995 vinculado al respeto por los pueblos originarios”, aclara al respecto en una nota el activista Ruy Díaz. “Empero, a la fecha no se han adoptado medidas eficaces a fin de garantizar la aplicación efectiva del mismo. De esta manera la falta de garantías, desconocimiento y distorsión manifestada en múltiples ocasiones por el Estado de Honduras ha dado lugar a un sinnúmero de conflictos socio-ambientales, despojos territoriales, persecución y asesinatos de dirigentes indígenas”.
Por su parte del doctor en derecho Joaquin Mejía se pronunció: “El Juzgado de Letras de Roatán tiene la obligación de aplicar estándares internacionales que garanticen al garífunas su derecho al uso y goce de su territorio sin condicionarse a la existencia de un título formal de propiedad o a la realización de procesos de delimitación”.
“Este proceso es ilegal”: Edy Tábora
“Hemos visto un comportamiento corporativo donde no vemos diferencia entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y los órganos de investigación que se incorporan en una sola voz para criminalizar las personas que luchan por la tierra”, mencionó el coordinador de la defensa de los seis garífunas, Edy Tábora.
Según el abogado, el Ministerio Público (MP) está enfocado en recabar pruebas ilícitas, incluso sin la firma de los policías. “Eso significa que no hay seriedad en la investigación, ya que el MP se pone al servicio de los intereses privados, particulares o empresas”, afirmó.
Para Tábora, el MP tiene un argumento “muy pobre”, aunque en cambio “tiene mucha claridad de a quién representa”. El coordinador de la defensa asegura que el MP no representa “los intereses de las comunidades ni de colectivos, sino de personas que promueven estos procesos penales contra las comunidades”.
“El Poder Judicial no hace un registro de los abusos de la Policía y el Ministerio Público, no respetan la Constitución, pero aun así el juez está obligado a hacer un control de legalidad sobre las actuaciones de la Policía y el Ministerio Público”, señaló.
Tábora aseveró que el juez no excluyó ninguna prueba y durante el juicio se escuchará a ocho testigos, aunque las pruebas son “incompletas e ilegibles y con falta de firmas recabadas, sin ningún control y sin participación de la defensa”.
Para el defensor, el proceso contra los seis acusados es “ilegal”. “La fiscal ordenó la detención de las compañeras y compañeros sin tener las facultades para hacerlo, violando su ley constituida y el código procesal penal. Seguiremos luchando para que cierren este proceso penal que no está sustentado en medios de pruebas”.
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