Algunos candidatos y candidatas no guardaron sus opiniones antiderechos contra las mujeres, las disidencias sexuales y las poblaciones originarias. Te invitamos a revivir los cinco días de entrevistas públicas realizadas por la junta nominadora para la elección de las personas que liderarán el Poder Judicial de Honduras
Por Amelian Zerón
Tegucigalpa, Honduras. Eran las ocho de la mañana cuando las personas que forman parte de la junta nominadora dieron la bienvenida a las y los presentes en el escenario de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se dialogó con un total de 47 profesionales del derecho que están disputando una magistratura en el imperio judicial.
La elección de lxs 45 postulantes ha hecho que los ciudadanos y ciudadanas creen teorías sobre este proceso que determinará los nuevos soberanos y soberanas de este poder, lo cual ha obligado a cada componente de la junta a realizar este proceso de la manera más traslúcida posible.
Los veedores sociales que participaron en este proceso han mantenido una fuerte y constante lucha durante largos y atroces años que han impedido de manera abrupta el desarrollo de nuestras tierras ancestrales.
La junta estuvo conformada por siete organizaciones, cada una con dos representantes: una persona propietaria y otra suplente.
Estas organizaciones han permanecido en el Poder Judicial, es decir, la Corte Suprema de Justicia; el Colegio de Abogados y el Claustro de Profesores de Derecho, formados por personas que han elegido el derecho como su fortaleza; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que ha sido un fuerte para los defensores de personas que se encuentran en una situación compleja; el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la sociedad civil y la Confederación de Trabajadores.
El equipo de 14 personas que forman la junta son profesionales del derecho que han trabajado largas jornadas con el fin de que el Congreso Nacional tenga 45 opciones para seleccionar a lxs 15 magistradxs de la nueva Corte Suprema de Justicia.
Cada postulante presentó su vida profesional y personal en un tiempo máximo de cinco minutos y mínimo de tres minutos. Luego de la presentación contestaban una pregunta sobre su trayectoria e integridad profesional, dos sobre ética profesional y dos preguntas sobre su posición jurídica ante diferentes casos.
Aunque la postulación de las personas no dependía estrictamente de la junta nominadora, hubo un desbalance notorio entre los postulantes, ya que sólo hubo 17 abogadas notarias en comparación con los abogados notarios, que fueron 30.
Sin embargo, según el artículo 22 de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en su elección final, el Congreso Nacional mantendrá la paridad de género, eligiendo no menos de siete mujeres como magistradas de la Corte Suprema de Justicia.
La paridad es un principio que se utiliza para garantizar la igualdad de género en procesos de acceso a puestos de representación política.
Lo que realmente impresionó a muchas personas fue la respuesta de algunxs postulantes que, cuando se les preguntó sobre la vulneración de derechos humanos, dieron respuestas que fueron claro ejemplo de ideas misóginas y heterocispatriarcales.
La cultura heteropatriarcal ha dejado marcada la historia de nuestro país, ya que, en ella, las personas se vuelven violentas y machistas, lo que provoca la muerte de quienes se hallan fuera de la normativa heterocispatriarcal.
Muchas de las preguntas de la junta y de organizaciones de sociedad civil se basaron en la realidad de los grupos en situación vulnerable en el país, como las mujeres, LGBTIQ+, niñez y poblaciones originarias.
Estas preguntas pusieron a prueba a los abogados y las abogadas en temas de derechos humanos y ambientales. Una de las respuestas que resaltaron fue la del postulante José Mauricio Salazar y Nancy Carolina Sandoval Escoto, quienes mencionaron que la PAE es un medicamento abortivo y que debería hacerse un diagnóstico, estudios legales en conjunto con médicos, dejando a un lado la palabra de las personas gestantes. Esa situación sigue ocurriendo hoy y aun funcionarios públicos como el ministro de Salud, José Manuel Matheu, piensan de esa manera.
Las mujeres son un sector que se encuentra en una situación altamente vulnerada, ya que en 2022 hubo un total de 249 feminicidios, cifra preocupante cuando nos encontramos bajo un nuevo régimen presidencial.
Lo que terminó de incomodar a las personas que estaban en el alma máter fue la participación del diputado Jorge Zelaya, del Partido Nacional, quien empezó mostrando interés al abrazar a algunos y algunas postulantes cuando terminaron su participación en las entrevistas.
Zelaya invitó también a los demás congresistas a formar parte del proceso de veeduría de manera presencial, puesto que las entrevistas se transmitían por las redes sociales oficiales de la junta.
El proceso de veeduría durante las entrevistas fue totalmente abierto al público en general y a los medios de comunicación, pero los presentes se sorprendieron al ver que Jorge Zelaya se incorporaba en medio del público. El diputado nacionalista también mostró afecto por algunos postulantes al abrazarlos y saludarlos de manera simpática.
Aunque muchos aseguran que «el pastel ya fue repartido», como dicen muchas personas para referirse a que cada magistrado o magistrada ya fue escogido o escogida por partidos políticos, la selección de estos postulantes en el Congreso Nacional es de suma importancia para la población.
En el último día de entrevistas se presentó, por primera vez en la historia del Poder Judicial, un abogado notario de la población ancestral garífuna, quien al culminar fue reconocido con aplausos por su participación y por poner el nombre de la población garífuna en alto.
Las poblaciones originarias han sido fuertemente atacadas por empresarios extranjeros que las despojan de manera violenta para desarrollar proyectos extractivistas.
La población ancestral garífuna se hizo presente en el proceso de entrevistas a postulantes para magistrados a la Corte Suprema de Justicia con la participación del abogado Walter Raúl Miranda Sabio.
Hasta el momento, solo hay cuatro abogados notarios que están haciendo sobresalir a la población garífuna. Esta comunidad ha sido otro de los grupos fuertemente vulnerabilizados en el país con casos como el de los cuatro garífunas desaparecidos desde el 19 de julio de 2020 y el despojo de la comunidad de Punta Gorda en Roatán, entre otros que han quedado impunes.
Entre tantas preguntas y respuestas, algunos postulantes respondieron con enfoque de género y de derecho, demostrando que los derechos humanos no son negociables y que las resoluciones emitidas por la Corte IDH son importantes y deben cumplirse.
Muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales son parte de procesos que no han sido resueltos, como la reforma del reglamento del Registro Nacional de las Personas para que las personas trans puedan modificar sus datos personales en el documento de identificación.
Una de las respuestas que generaron grandes expectativas fue la del postulante Mario Rolando Díaz Flores, quien no tuvo incomodidad alguna cuando se le preguntó sobre el nombre de las personas trans y sus pronombres, situación que es una problemática social en el país debido a que no pueden realizar su cambio de nombre de manera legal.
Honduras se encuentra en la era de la refundación, según el actual gobierno de la república, ya que, durante 12 años, la corrupción penetró con fuerza, dejando la pérdida de muchas personas que luchaban por los derechos de nuestro territorio.
Por ello es esencial que los 15 magistrados que queden dentro de la Corte Suprema de Justicia durante el período 2023-2030 hagan validar los derechos de los sectores históricamente vulnerados: las mujeres, las personas gestantes, la población LGBTIQ+, las infancias diversas, las poblaciones ancestrales y todo aquello que el machismo y la corrupción han maltratado e invisibilizado.
