La Oacnudh presentó su informe 2022 sobre derechos humanos en Honduras. La representante de la Oficina alertó que el estado de excepción sólo debe existir “en condiciones de gravedad a partir de un peligro que atente contra la seguridad del Estado”
Por Amelián Zerón
Fotos de Oacnudh
Tegucigalpa, Honduras. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) presentó el informe 2022 sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. En la presentación, la representante de la Oacnudh en Honduras, Isabel Albaladejo, alertó sobre los peligros del estado de excepción.
La funcionaria dio a conocer las problemáticas que enfrentó el país el año pasado en materia de derechos humanos, sexuales y ambientales.
Al finalizar la presentación, la representante ad interim de la ONU presentó 23 resoluciones para que el gobierno actúe ante las decenas de problemáticas presentadas en el primer año de gobernanza de Xiomara Castro Sarmiento.
La abogada de la Red Lésbica Cattrachas, Larissa Velázquez, afirmó que es importante el trabajo que ha realizado la Oacnudh por los derechos humanos de los sectores en situación de vulnerabilidad.
“Lo considero muy importante porque no solamente da a conocer la situación de Honduras. También da herramientas para reducir la violencia e impunidad en nuestro país”, aseguró.
Irregularidades en la seguridad nacional
Los abusos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continuaron a pesar de su traspaso a la Secretaría de Seguridad.
Aunque se creó la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el crimen organizado, siguieron abusos como el allanamiento irregular en Marcovia, Choluteca, el 25 de febrero. La Oacnudh documentó el hecho.
“Como lo hemos afirmado en el informe, reiteramos el peligro de recurrir a los estados de excepción”, agregó Isabel Albaladejo.
La representante de la Oficina del Alto Comisionado alertó contra la normalización del estado de excepción. “Debe ser un estado llamado solamente a funcionar en condiciones de gravedad a partir de un peligro que atente contra la seguridad del Estado”, afirmó.
Para Albaladejo, el estado de excepción “debe odedecer a los principios de proporcionalidad y necesidad”.
Asimismo, añadió la Oficina, se debe tener en cuenta que el sistema de administración de justicia continúa con altos índices de impunidad, barreras estructurales, problemas sistemáticos de acceso a la justicia y poca participación de las víctimas involucradas en los procesos.
Retos para los defensores ambientales
La vulnerabilidad climática del país ha impactado en el derecho a la alimentación e incrementado las necesidades humanitarias. Así, por ejemplo, las inundaciones afectaron a más de 144 mil personas en 15 departamentos.
Por otro lado, en cuanto a la derogación del decreto legislativo 263-2012 sobre la creación de la Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la Oacnudh reconoció que atendió a sus recomendaciones y a las de los mecanismos de derechos humanos.
Asimismo, la oficina mostró preocupación ante los ataques y represalias ejercidas por sectores antiderechos. Mencionó al respecto ćomo el 9 de febrero, el tribunal de sentencia de Trujillo condenó a seis de los ocho defensores del río Guapinol. Se trata de un proceso judicial que no cumplió con las normas internacionales del derecho a un juicio imparcial.
Debido al despojo de poblaciones originarias en tierras ancestrales, la Oficina valoró que el Gobierno dispusiera la creación de una comisión especial para abordar las causas del conflicto. Por ello instó a la pronta implementación del acuerdo firmado por autoridades y representantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña.
A continuación, la Oficina lamentó la criminalización de seis integrantes de la comunidad garífuna de Punta Gorda mediante el uso del tipo penal de usurpación agravada dentro de un despojo que se dio luego del reclamo de derechos ancestrales.
Los despojos son una de las principales violaciones contra los pueblos originarios. Por tal razón, la Oacnudh reiteró sus preocupaciones en relación con el decreto 93-2021 e instó a su pronta derogación.
Mujeres frente al machismo
El año pasado se registró una disminución del 14.7% en la tasa de muertes violentas de mujeres entre enero y septiembre en comparación con la misma tasa de 2021.
De igual manera, la Oficina mostró su preocupación por la principal causa de muertes violentas, es decir, el uso de armas de fuego que causa el 69.3% de muertes de mujeres.
Para la Oacnudh, es necesario avanzar en una políticaq integral de seguridad ciudadana, ya que la violencia en Honduras es histórica y multidimensional.
Es muy importante abordar la violencia desde el fortalecimiento de la investigación, la prevención y la sanción adecuada, “sobre todo para desmontar las estructuras criminales”, agregó.
Además, mencionó que en septiembre de 2023 se presenta “una oportunidad” porque se eligen a quienes encabezarán la fiscalía general y la fiscalía general adjunta. “Esta renovación del Poder Judicial, incluyendo al Ministerio Público, es clave para luchar contra la impunidad y promover la investigación y sanción adecuada de las conductas criminales”.
Resoluciones de 2021
Luego del informe de la situación actual de derechos humanos, se presentaron las resoluciones sobre lo que se debe hacer en derechos humanos.
Según Isabel Albaladejo se cumplieron muchas recomendaciones del informe y reclamos de la sociedad hondureña como “la desmilitarización del sistema penitenciario o la derogación del marco institucional ilegal de las ZEDE”.
Para la representante de la ONU, no es sólo un logro de la Oacnudh, sino también de la sociedad hondureña, ya que busca que las acciones se traduzcan en hechos del gobierno y el Estado.
Las organizaciones de la sociedad civil quedan en espera de que se cumplan las resoluciones y se resuelva la problemática en materia de seguridad.
