En Honduras han asesinado a unos 40 defensores de derechos humanos en los últimos dos años y a cerca de 135 desde 2014 hasta la fecha. El Conadeh exige al Estado hondureño adoptar una política pública integral de protección para los defensores y asignar presupuesto para implementarla
Por Eva Galeas
Tegucigalpa, Honduras. “Yo pienso que el partido Libre vendió muy bien que iba a respetar los derechos humanos para conseguir gobernabilidad en el país. Es un tema al que realmente no se le ha puesto la atención debida. Si no, miremos qué están haciendo la Secretaría de Derechos Humanos y la dirección del Mecanismo”, reveló la defensora de derechos humanos Hedme Castro.
El reciente boletín del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) da cuenta de que entre 2021 y lo que va de 2023 han muerto violentamente alrededor de 40 defensores de derechos humanos. Esa cifra representa 30% de los 135 casos registrados desde 2014.
El ente rector de los derechos humanos en Honduras recomendó a las autoridades investigar las muertes violentas de más de un centenar de defensores de derechos humanos desde el 2014. Esas muertes se mantienen impunes en más de 95% de los casos.
De los 40 defensores de derechos humanos fallecidos los últimos dos años, la mayoría se dedicaban a la defensa de pueblos, la tierra, los territorios, el ambiente y el colectivo LGTBI, indicó el organismo hondureño en su reciente informe. Once defensores murieron en 2021, unos 18 en 2022 y al menos una docena en lo que va de 2023.
“El silencio del Estado es cómplice”
En las últimas horas, la persecución y violación de los derechos humanos fue contra el coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (Arcah) y defensor de los bienes comunes de la naturaleza, Cristopher Castillo.
“Desde Arcah expresamos gran preocupación por las constantes persecuciones y amenazas de muerte hacia el compañero Christopher Castillo y el equipo coordinador. Como organización territorial responsabilizamos a quienes han ejercido varias olas de violencia contra Arcah”, dice el tuit de la organización. Al mismo tiempo aseguran que un policía retirado y ligado a los empresarios y a grupos del crimen organizado es el hechor de estos delitos.
Reportar sin Miedo dialogó con Castillo, quien denunció que el Estado como tal es una estructura que vulnera derechos humanos para satisfacer caprichos de grupos de poder. El Estado no está pensado ni dirigido al pueblo, aseguró.
A juicio del defensor, el silencio estatal ante esta problemática y la ola de violencia contra las y los defensores lo convierte en cómplice. “El silencio del Estado es cómplice y cualquier cosa que pase ese silencio va a ser parte de la tragedia que pueda ocurrir”, denunció Castillo.
A juicio del defensor, la mayoría de las leyes aplicadas en Honduras son aplastantes y no han surgido del pensamiento ni del trabajo desde el poder como tal. En cambio, son normas pensadas por privilegiados que encaminan todas sus influencias y capacidad para generar normativa y mantener el poder.
El Conadeh aseguró que el 60% de los 40 casos de defensores fallecidos entre 2021 y 2023 se registraron en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro, en el Caribe y norte del país.
Estas cifras solo confirman lo que los y las defensoras de derechos humanos han asegurado en reiteradas ocasiones, que Honduras continúa siendo uno de los países “más peligrosos” para la defensa de los derechos humanos. Esto es así a pesar de que la gobiernan quienes le apostaron a la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, las cifras de muertes violentas contra estos grupos dicen todo lo contrario.
Por otra parte, el informe destaca que los defensores son víctimas de amenazas de muerte, persecución, intimidación y judicialización. También sufren atentados, detenciones, hostigamiento, agresiones físicas, represión, difamación, secuestros y desaparición, entre otros.
Reportar sin Miedo conversó con la defensora de derechos humanos y coordinadora general de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), Hedme Castro. La defensora manifestó que, según el observatorio de esta organización, 2022 dejó 18 muertes violentas de defensores de derechos humanos. Mientras tanto, para 2023 ya se registran 16.
A juicio de Castro, el pueblo debería evaluar la situación de derechos humanos en el país con estas cifras alarmantes de muertes violentas. “La protección de los derechos humanos se debe evaluar y ver a quiénes están protegiendo desde la dirección del Mecanismo y cómo es posible ver tantos defensores asesinados”, cuestionó la defensora.
Castro considera que este gobierno no es más de lo mismo, tomando en cuenta que en el gobierno anterior Honduras era dirigida por una narcodictadura. Sin embargo, exige al actual gobierno que replantee la gobernabilidad y la protección de defensores de derechos humanos.
“Este gobierno debería garantizar la vida y la integridad física de todos los defensores de derechos humanos. La Secretaría de Derechos Humanos debe dar cuenta al pueblo de por qué solo los defensores de derechos humanos reciben los disparos. Es necesario que se pongan a trabajar y den resultados”, indicó la defensora.
Pueblos originarios son los más afectados
A más de un año del gobierno de Xiomara Castro, Honduras sigue sin medidas de protección necesarias para que cesen los desplazamientos forzados de personas de los pueblos indígenas, campesinos y otros grupos que experimentan “una dependencia especial de su tierra”.
Según el Conadeh, los pueblos lenca, tolupán, garífuna, chortí, pech y misquito tratan de proteger sus tierras ancestrales. Por ello, agregó, se enfrentan a la criminalización, la estigmatización y el acoso judicial.
Entre el 2016 y el primer semestre del 2022, el Conadeh atendió a 39 garífunas, 23 lencas, 19 misquitos, 12 pech, 10 tolupanes, dos tawahkas y dos del pueblo maya chortí. Estas personas denunciaron que estaban en situación de riesgo o que fueron víctimas de desplazamiento forzado.
De los 107 casos atendidos, 69, que representan el 64%, están en situación de riesgo. Mientras tanto, 38, equivalentes a un 36%, son víctimas del desplazamiento forzado, en su mayoría asociadas a causas como el despojo de tierras y propiedades, así como asesinatos de parientes, lesiones y amenazas.
El grupo de mayor afectación, según las denuncias atendidas por ese ente, son los garífunas. Los motivos en estos casos están estrechamente relacionados con la lucha por la tenencia de la tierra, bienes comunes y la naturaleza ancestral.
Hasta la fecha, Honduras sigue sin crear una política pública integral de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos. Los entrevistados por este medio coinciden en que el Mecanismo de Protección es un ente que no vela por los derechos, la vida y la integridad física de sus beneficiarios ni de quienes viven en constantes amenazas y persecución en el país.
