Tras más de un año de gobierno de Xiomara Castro, se ha hecho poco para combatir a los corruptos, según Human Rights Watch. “La percepción de muchos es que este gobierno nos ha dado atole con el dedo”, alertó Jimena Merino
Por Eva Galeas
Tegucigalpa, Honduras. A más de 16 meses del gobierno de Xiomara Castro, la promesa de campaña política del partido Libertad y Refundación (Libre) de combatir la corrupción en Honduras sigue siendo una quimera para las y los hondureños.
Human Rights Watch consultó 14 investigaciones de corrupción y detectó nexos claros con violaciones de derechos humanos en 12 de ellas. La corrupción documentada por los fiscales vulnera los derechos a la alimentación, la salud y la educación.
Además, los hechos de corrupción violentan el derecho de los pueblos indígenas a expresar su consentimiento libre, previo e informado sobre medidas que puedan afectarlos, entre otras consecuencias negativas, detalla el informe.
En los últimos años, Honduras ha sido catalogado como uno de los países con mayores problemas estructurales en toda la región. Entre estas dificultades figura la corrupción como una de las principales que los gobiernos deben resolver.
Por otra parte, gran parte de la corrupción en el país arrastra a políticos de cuello blanco que pertenecen a los movimientos políticos actuales.
Fue en el gobierno del exmandatario Juan Orlando Hernández, extraditado a Nueva York por estar ligado con delitos de narcotráfico, cuando se destapó todo el meollo de la corrupción.
A pesar de todo, el actual gobierno no está “libre de culpa”. Algunos aseguran que la administración de Xiomara Castro es más de lo mismo. Agregan que difícilmente el país podrá salir de la calamidad y la miseria producidas por la corrupción.
“Llevando agua a su cántaro”
Los casos de corrupción se habían “multiplicado” en una medida “extremadamente preocupante” en América Latina y el Caribe, informó en 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Honduras ocupó la posición 157 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 desarrollado por Transparencia Internacional. Esa lista lo posiciona debajo de los demás países de la región, con excepción de Nicaragua (167), Haití (171) y Venezuela (177). Estos países, como Honduras, también expulsan a sus ciudadanos porque no hay oportunidades de llevar una vida digna.
La corrupción en Honduras ha sido palpable en todos los gobiernos y gran parte de la población confirma que el político que llega al poder es para “llevar agua a su cántaro” como se dice popularmente.
Sin embargo, la llegada del COVID-19 al mundo y a este país empobrecido aceleró la crisis, la miseria y la corrupción. Asimismo, muchos políticos de turno desviaron fondos para realizar compras exorbitantes injustificables y sin el proceso de una veeduría.
La desviación de fondos destinados a servicios e infraestructura sanitaria, como en el caso de los hospitales móviles que nunca existieron ni funcionaron en su totalidad, provocó miles de muertes por falta de suplementos y de un hospital adecuado para tratar el virus.
Esta misma corrupción tuvo un fuerte impacto en la violación de los derechos humanos, ya que son contados los casos de las personas contagiadas que lograron obtener asistencia en uno de esos hospitales.
La ciudadanía hondureña, al ver tanta corrupción traducida en desgracia para un pueblo empobrecido, se volcó a las urnas en las elecciones generales de 2021. Buscaba de esa manera poner fin a la corrupción y al nepotismo que duró mas de 12 años en manos del conservador Partido Nacional. En las elecciones de 2021 resultó ganadora Xiomara Castro Sarmiento. La presidenta electa le apostó al combate a la corrupción. No obstante, a más de un año de su mandato, organismos anticorrupción en el país cuestionan fuertemente que esa promesa no se ha concretado.
Uno de esos críticos es el reconocido defensor de derechos humanos, incansable luchador de los bienes comunes y exdirector de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno. A principios de 2023, Moreno llamó al gobierno a poner su mirada en los problemas que aquejan a la población.

“2022 fue año de expectativas y entusiasmos”, manifestó Moreno mediante un tuit al ver que al gobierno de Castro se le iba un año de las manos con pocos avances y más críticas.
“Desafíos para 2023: que gobierno atienda demandas, contrarreste proselitismo electorero, aliente instalación de Cicih, priorice empleo, salud, educación, vulnerabilidad ambiental, reduzca empleomanía de familiares y atienda críticas”, agregó el exdirector del ERIC.
Human Rights Watch también da cuenta en su informe de obstáculos para el marco legal en la lucha anticorrupción. La organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos señala que varias leyes aprobadas por el Congreso en los últimos años han obstaculizado la lucha contra la corrupción y reducido la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
La fundadora del movimiento Honduras Resurge, Jimena García Merino, conversó con Reportar sin Miedo y lamentó que el actual gobierno no muestre ningún avance en combate a la corrupción e impunidad. Al mismo tiempo aseguró que los tres poderes del Estado solo están mostrando opacidad en esta lucha.
Además ejemplificó dos casos claves de opacidad. Entre ellos mencionó las dilatorias para la instalación de la Cicih y el hecho de que continúe dormida la Ley de Transparencia para el combate contra la corrupción desde la Secretaría de Transparencia que dirige Edmundo Orellana.
A juicio de García, la falta de acción del gobierno de Castro es injustificable ante un pueblo que la llevó a la cúspide. “El pueblo la nombró presidenta precisamente para que actúe a favor de él, pero la opacidad solo frena de manera terrible los recursos que deben invertirse en salud, seguridad y ahora en energía”, aseguró.
Añadió que el gobierno de Castro y su cúpula solo le están dando largas a la instalación de la Cicih y al combate a la corrupción. De ese modo intentan mantener los ánimos calmados de quienes la han estado exigiendo de manera urgente por muchos años, pero que realmente no hay un combate a la corrupción ni a la impunidad en el país.

Recomendaciones al gobierno de Castro
La ONG en si informe recomienda a Castro una serie de apartados. Entre sus recomendaciones incluye colaborar con las investigaciones sobre corrupción dando a los fiscales información gubernamental sobre contratos, gastos y otras cuestiones de interés.
También solicita trabajar con el Congreso para reformar el marco legal de lucha contra la corrupción. En este aspecto sugiere presentar proyectos de ley para derogar o modificar leyes.
Por otra parte, Human Rights Watch exige asegurar que todas las instituciones gubernamentales apliquen la política de transparencia consagrada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP).
Entre otras acciones, la ONG aconseja la publicación periódica de información de interés público. Finalmente, solicita garantizar el funcionamiento eficiente del mecanismo que permite al público y la prensa acceder a la información gubernamental.