El presidente del Congreso Nacional señaló la responsabilidad directa en delitos del exfiscal Óscar Chinchilla y del exfiscal general adjunto Daniel Sibrián. Por lo tanto, sus cargos quedan obsoletos desde el 1 de septiembre, ya que la Corte de Nueva York los señaló por supuestos vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico
Por Kevin Contreras
Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público amaneció este día sin ningún titular que lo dirija. Ninguna nómina presentada en el Congreso Nacional contó con los 86 votos que manda la Constitución de la República de Honduras para elegir al fiscal general y al fiscal general adjunto.
Después de 10 años de tener como fiscal general a Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián como fiscal general adjunto, la mayoría de la población hondureña y organismos internacionales denunciaron los altos índices de impunidad que arrastraba el Ministerio Público (MP).
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, hizo la primera convocatoria para escoger el fiscal general y adjunto el pasado 29 de agosto durante la sesión ordinaria número 20. En esa ocasión, la presidenta de la Comisión Especial del Congreso presentó el informe final de las y los candidatos para ocupar el nuevo MP.
Se presentaron dos nóminas. El jefe de bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, presentó la nómina que ungía a Johel Zelaya como fiscal general y a Marcelo Cabañas como fiscal general adjunto. La propuesta obtuvo sólo 50 de la bancada de Libre, un voto del Partido Anticorrupción (PAC) y uno de la Democracia Cristiana (DC). No pasó porque sólo contaba con 52 votos de los 86 requeridos.
A continuación, la oposición tripartidista del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras (PSH) propuso como fiscal general a Marcelo Cabañas y Jenny Almendárez como fiscal general adjunta. Esta propuesta tampoco obtuvo los votos necesarios, llegando a 72 votos de los 86.
Lo anterior llevó a suspender la sesión para el día 31 de agosto. Luego de tres intentos, ambas nominaciones no cambiaron de candidatos, por lo cual fueron rechazadas sin lograr los consensos necesarios. Sin embargo, debido a que, Chinchilla y Buezo cesaron de su cargo a las 12:00 a.m., Honduras quedó sin fiscal general y adjunto.
Poco a poco se terminaba el tiempo para que el Ministerio Público se quedara sin titulares. Ninguna moción contó con los votos necesarios. Actos seguido, Luis Redondo explicó que el Congreso Nacional que él preside, elegido directa y democráticamente por el pueblo, está obligado a elegir un nuevo fiscal general y fiscal adjunto para garantizar la justicia, el Estado de derecho y la seguridad.
Por esta razón, la Constitución asigna exclusivamente al Congreso la potestad y obligación de elegir cada cinco años a ambos fiscales con el voto favorable de por lo menos dos terceras partes, es decir, 86 votos. Sin embargo, ninguna nómina del oficialismo ni de la oposición los alcanzó.
El artículo 80 de la Ley Orgánica del CN indica: “Los funcionarios que elija el Congreso Nacional de la República, cuando concluya el período para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos permanecerán en funciones en su cargo hasta que se realice dicha elección”. Por tal motivo, el fiscal adjunto Daniel Sibrián mencionó que se amparará para continuar en su cargo.
Por su parte, Luis Redondo, señaló: “Esta disposición no puede ser aplicada evidentemente cuando la autoridad que debe investigar, acusar y enjuiciar los delitos y crímenes en representación de Honduras para proteger a los ciudadanos están incumpliendo gravemente su trabajo y han sido sujetos de graves y serios cuestionamientos a nivel nacional e internacional, situación que es un hecho público y notorio para todos los hondureños en la comunidad internacional”.
Prosiguió señalando que el MP trató a toda costa de evitar la extradición de Juan Orlando Hernández y provocó altos índices de impunidad. Por esta razón aumentaron los delitos como extorsión, homicidios, asesinatos, secuestros y robo de las arcas del Estado. Asimismo, la situación impulsó la venta del territorio nacional a las ZEDE y la expulsión ilegal de los ciudadanos de sus territorios que Reportar sin Miedo ha comprobado en su investigación Los otros dueños pobres de Próspera.
Redondo también señaló la responsabilidad directa en delitos por acción u omisión no sólo del exfiscal Óscar Chinchilla, sino también el de exfiscal general adjunto Daniel Sibrián y el director de fiscales. Por lo tanto, sus cargos quedan obsoletos desde el primero de septiembre, ya que la Corte de Nueva York los ha señalado porque tiene supuestos vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico. Además, el presidente del CN culpó al Partido Nacional de no querer elegir a los nuevos titulares del MP.
Luis Javier Santos toma el timón del MP
A partir de la fecha, amparándose en el Decreto 67-2022, se dieron amplias facultades y fortalecimiento técnico a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), dirigida por el fiscal Luis Javier Santos, mientras esperan la elección del nuevo fiscal.
Para fortalecer a la Uferco, se solicitará a la Secretaría de Finanzas que habilite los fondos establecidos en el artículo 5, decreto 67 2022, con el fin de combatir la corrupción y la impunidad de manera pronta y eficaz, especialmente en todos los casos que tiene en su poder.
Asimismo, el fiscal general y el general adjunto no pueden continuar dirigiendo la justicia hondureña, ya que han perdido la investidura de sus cargos y carecen de legitimidad. Si quisieran quedarse en el poder, cometerían usurpación de funciones, desacato y alta traición a la patria. Si cometen esos delitos, deberán ser castigados con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años y multa de cien a trescientos días, según el Código Penal.
Durante diez años, los periodistas, comunicadores sociales, ambientalistas, defensores de derechos humanos, mujeres, sociedad civil y cada hondureño y hondureña no pudieron gozar de la justicia. El motivo fue la falta de un Ministerio Público independiente.
Por el contrario, el MP ha estado sometido a intereses políticos que tienen alianzas con el narcotráfico y el crimen organizado. Por ello, el país amanece sin un fiscal general ni un fiscal general adjunto.
Tendrá que ser un fiscal especial quien tome las riendas de esta entidad atrapada por las garras del crimen y decida enjuiciar a cada corrupto sin distinción de color político mientras esperan que en el Poder Legislativo tengan lugar los consensos necesarios.
