Denunciados por Joseph Walter Brenes, dueño de la empresa El Cortijo, dos defensores ambientales fueron citados al Juzgado de Paz
Por Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. Por supuestas amenazas, agresiones, conspiración en redes sociales y uso de imagen pública, el Juzgado de Paz citó a dos defensores ambientales.
Los citados por la jueza son Christopher Castillo, defensor del medio ambiente y coordinador general de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria (Arcah), y Enmanuel Chinchilla. El dueño de la empresa avícola El Cortijo, Joseph Walter Brenes, es quien acusa a ambos de los mencionados delitos.
Un juicio desgastante
Ante estas acusaciones, Christopher Castillo expresó que han mantenido la lógica de denunciar a la sociedad mercantil, a la empresa como tal. Añadió que nunca han llevado este tema a nivel personal, más allá de declaraciones donde se señala a Brenes como dueño de la empresa.
Castillo agregó que se ha señalado más al Estado y a sus órganos de investigación por no actuar ante denuncias de contaminación y daños que El Cortijo ha estado provocando.
Castillo dijo que su compañero Emmanuel Chinchilla, vecino afectado por la contaminación, buscó conciliación porque que es un desgaste tanto psicológico, económico y físico mantenerse en juicio.
Amenaza penal libra abogado de El Cortijo
El abogado representante de la empresa avícola señaló que no tenían intención de conciliar y que buscaban llegar a juicio. «Vamos a tomar acciones penales en contra de ustedes”, afirmó.
Según la interpretación de Castillo, lo que el abogado dijo de fondo es de que van a tomar en su contra acciones legales que se conviertan en penales.
Durante la audiencia en el Juzgado de Paz, varias organizaciones de derechos humanos brindaron su acompañamiento a Arcah, entre ellas el PBI, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Secretaría de Derechos Humanos.
«No voy a pedir perdón a ningún empresario»
Christopher Castillo manifestó que la jueza preguntó si querían conciliar. “No podemos conciliar sobre algo que de fondo es un delito, hay un delito ambiental, un delito contra el territorio que no podemos negociar”, respondió el defensor.
El activista ambiental mantuvo su postura como lo ha dicho en varias entrevistas «no debo pedir perdon a un empresario, ningún capital ni al estado por dignidad del activismo y la defensa».
Castillo mencionó que tenían un plazo de dos días para que ambas partes presenten pruebas. Por su parte, los defensores presentarán documentación, capturas de pantalla y cualquier tipo de formato que evidencie que no tienen ningún problema personal con el dueño de la empresa El Cortijo.
Christopher informó que están llamados a un juicio oral y que no se van a aceptar pruebas que tengan que ver con la contaminación ambiental y contaminación del río Choluteca.
Falta de objetividad judicial
Castillo lamentó la falta de objetividad del juzgado porque no ha analizado el origen de los conflictos, ya que la denuncia es a nivel personal. Añadió que es necesario evaluar el origen del conflicto.
Finalmente, el coordinador de Arcah hizo un llamado a la conciencia de la ciudadanía porque está en medio de una muerte ambiental, pero no reacciona ante esta realidad. También cuestionó por qué obedecer a un sistema de élites y un sistema de corrupción que nos ignora y nos utiliza como escalera para conseguir sus intereses de capita.
