Por Redacción de RSM
Tegucigalpa, Honduras. En una sesión marcada por la tensión y el cruce de acusaciones, el Congreso Nacional dio luz verde con 78 votos (49 nacionalista y 29 liberales) a una reforma energética que, según denuncian sectores opositores y analistas, responde a intereses de Estados Unidos y el capital extranjero, y sienta las bases para la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Con los votos mayoritarios de las bancadas del Partido Nacional y Liberal, la complicidad del sector privado y el silencio de la cooperación internacional, se aprobó la «Ley de Justicia Energética». Esta normativa deroga disposiciones clave que declaraban el servicio eléctrico como un bien público y un derecho humano, tal como se establecía en el Decreto 46-2022.
Ni habían votado cuando ya tenían el acta con las 78 boletas aprobatorias de los diputados que vendieron la estatal eléctrica.
Derogan carácter de bien público y derecho humano
La nueva legislación elimina los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del decreto aprobado en 2022, que garantizaban la energía como un servicio estratégico e irrenunciable para la población.
Con esta derogación, el Estado pierde su rol rector y abre la puerta a la participación indiscriminada de operadores privados.
¿Privatización encubierta? Nueva ley enciende alarmas
A pesar de que los diputados nacionalistas y liberales aseguraron que la ENEE no será privatizada, el articulado aprobado contradice sus declaraciones. El artículo 3 de la nueva ley establece que las subsidiarias de la ENEE tendrán un plazo no menor de 30 años para el uso y administración de los activos asignados, lo que en la práctica configura una concesión a largo plazo que entrega el control operativo y financiero de la empresa a manos privadas, bajo la figura de «administración».
Denuncian presión de embajada de EUA
En una entrevista con HCH, la diputada Alia Kafati, vicepresidenta de la Comisión de Energía y miembro disidente del Partido Liberal, confirmó que ha sido objeto de presiones por parte de la embajada de Estados Unidos para que vote a favor de la reforma.
«Sí, sí, sí, la verdad que hemos tenido conversaciones», afirmó Kafati, al ser consultada sobre si funcionarios de la embajada se habían comunicado con legisladores. «Nos han invitado a ir a la embajada. Ellos pues les parece bien la ley, que apoyemos la ley, que ellos no ven que sería una privatización, pero que ellos ya están listos para invertir», declaró.
Sin embargo, la diputada fue enfática en su postura: «Yo voy a mantener mi posición firme de que no voy a respaldar este decreto». Y agregó: «Yo les he expuesto cuáles son mis preocupaciones de pasar esta ley, pero ellos ven pues por los intereses de su país, así como yo tengo que ver por los intereses de los míos».
Amenazan con sancionar y quitar visas a opositores
La legisladora liberal también reveló que existen advertencias de represalias contra quienes se opongan a la reforma. «Sí dicen que van a haber sanciones, que están levantando lista de diputados que están obstruyendo el paso a que esta reforma pueda pasarse en el pleno», denunció Kafati.
Incluso vinculó estas presiones con el reciente caso de un diputado suplente al que le fue retirada la visa. «Ahorita como vimos a uno de los diputados suplentes que le quitaron la visa, Julio Mélendez del PINU. Eso también son medidas de presión que hemos tenido», señaló.
Bipartidismo miente, Libre denuncia y exige voto electrónico
Ante el hermetismo del proceso, la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) irrumpió en la sesión con consignas exigiendo la implementación del voto electrónico. Argumentaron que solo así se podría garantizar la transparencia en una decisión de tal magnitud. Los diputados oficialistas y de la oposición tradicional, sin embargo, rechazaron la moción y aceleraron la aprobación del dictamen.
Libre presentó imágenes de los 39 diputados que votaron en contra de esta reforma. También 17 disidentes del Partido Liberal entre propietarios y suplentes liderada por Iroska Elvir, Umaña entre otros.
«Un pacto de élites que expropia el derecho a la energía»
La Coalición contra la Impunidad (CCI), organización que ha dado seguimiento al proceso legislativo, emitió un pronunciamiento en el que califica la reforma como un «pacto de élites que privatiza la ENEE, entrega la soberanía energética y expropia al pueblo del derecho a la energía como bien común» .
En su comunicado, la CCI advierte que el anteproyecto no es una solución técnica, sino una estrategia orquestada por «los grandes generadores de energía, beneficiarios de contratos leoninos, las redes de clientelismo de partidos políticos, consorcios de intermediación y gestión privada (privatización funcional), y el lobby corporativo que captura a las entidades regulatorias».
Exclusión social y criminalización de la pobreza
El proyecto prioriza la eficiencia mercantil y financiera por encima de la función social del Estado, marginando a las comunidades rurales y empobrecidas de los planes de electrificación. A
demás, las normativas punitivas contra el hurto de energía, desvinculadas de un análisis de tarifas impagables, criminalizan a los sectores vulnerables mientras se protegen contratos abusivos, según advierte la CCI.
Reacciones y señalamientos
La periodista Eleana Borjas, de Radio Progreso, calificó el hecho como un «fraude legislativo» y desmintió las declaraciones de los congresistas que niegan la privatización. «Es un engaño. El texto legal habla de plazos de 30 años para la administración de activos. Eso no es una modernización, es una entrega. ¿Entonces, quién miente aquí?», cuestionó la comunicadora.
Organizaciones civiles, encabezadas por la CCI, han anunciado que recurrirán a instancias nacionales e internacionales para impugnar la reforma, advirtiendo que la medida representa un retroceso en la soberanía energética y que podría traducirse en un incremento en las tarifas eléctricas para los hondureños, sin resolver el problema estructural de la empresa.
