Por Redacción de RSM
Tegucigalpa, Honduras. El expresidente Juan Orlando Hernández quedó hoy en libertad absoluta luego de que un juzgado penal dictara sobreseimiento definitivo a su favor. Señalado por el caso conocido como Pandora II, a JOH se le acusaba de fraude y lavado de activos. La resolución judicial del Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción concluyó que no hay evidencia suficiente para sostener los cargos.
El fallo se produce nueve meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultara al exmandatario, quien cumplía una condena de 45 años de prisión en ese país por narcotráfico. Hernández regresó a Honduras a finales de julio pasado. Tiempo después se presentó voluntariamente ante la justicia local para enfrentar el proceso que tenía pendiente.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que el juez determinó que no se logró acreditar la trazabilidad del dinero que, según la acusación, se habría desviado para financiar la campaña presidencial de 2013. «Luego de la valoración en cuanto a los delitos de lavado de activos y fraude, el juez determinó que no existió trazabilidad del dinero para campaña política y se dicta sobreseimiento definitivo», declaró Silva a la prensa.
Un camino marcado por la controversia
El proceso investigaba hechos ocurridos entre 2010 y 2013, cuando Hernández presidía el Congreso Nacional. La Fiscalía sostenía que más de 288 millones de lempiras provenientes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y Banadesa se desviaron a través de empresas de «maletín» para financiar campañas políticas.
Sin embargo, la defensa presentó 31 medios de prueba documentales y un testigo. Mientras tanto, las pericias del Ministerio Público no permitieron establecer que el presupuesto cuestionado estuviera bajo la administración directa del exmandatario.
La resolución dejó sin efecto todas las medidas cautelares que pesaban sobre Hernández y se giró la carta de libertad definitiva. El exmandatario celebró la decisión calificándola como el «cierre de un capítulo de persecución política».
Choque de reacciones
Mientras figuras cercanas a JOH reaccionaron con alegría ante el sobreseimiento del exmandtario, sectores críticos señalan que el fallo demuestra la debilidad del sistema de justicia hondureño frente a los poderosos.
Analistas consultados por diversos medios han recordado el contexto del caso. A Hernández lo extraditaron a Estados Unidos en 2022, donde un jurado lo declaró culpable de narcotráfico en marzo de 2024 y lo sentenció a 45 años de prisión en junio de ese año.
La justicia estadounidense sostuvo que bajo su liderazgo, Honduras operó como un «narcoestado», donde las instituciones fueron instrumentalizadas para facilitar el tráfico de drogas.
El debate sobre la impunidad y la Cicih
La abogada Doris Gutiérrez, exdesignada presidencial, ha sido enfática en señalar que el sobreseimiento de Hernández es una «muestra más de que la clase política se protege» [citation:texto adjunto]. En una entrevista reciente, Gutiérrez afirmó: «A todos los casos presentados por la M;maccih les han dado sobreseimiento definitivo». Y agregó: «Los mismos que le pusieron la lápida a la Maccih eran diputados y funcionarios de gobierno».
Gutiérrez también cuestionó la voluntad política de los diputados para la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (Cicih). La analista señaló que un «sector conservador muy fuerte, vinculado a la corrupción, busca impedir su llegada». En ese sentido, recordó que la Maccih fue eliminada del país en 2020 cuando las líneas de investigación tocaban las redes de corrupción del Ejecutivo.
«De nada sirve que digamos que los traigan o no los traigan porque les va a pasar lo mismo que a la Maccih. Los grupos poderosos, los que toman las decisiones, no les conviene este tipo de investigaciones. El Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía, todos están politizados», expresó Gutiérrez en la entrevista.
Un país en la encrucijada
La resolución favorable a Hernández reabre el debate sobre la reelección presidencial en Honduras. Si bien está prohibida por la Constitución, un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2015 allanó el camino para que Hernández se postulara nuevamente en 2017, y ese fallo sigue vigente porque no ha sido derogado.
La exdiputada Gutiérrez señaló al respecto: «Suponiendo que la reelección en Honduras está prohibida, si bien se dio en un momento histórico, no fue expulsada de la Constitución. Mientras no haya sido expulsada, consideramos que sigue siendo un artículo pétreo».
El fallo judicial de este martes todavía puede ser impugnado mediante un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Sin embargo, por ahora, Juan Orlando Hernández queda libre de todos los cargos que enfrentaba en Honduras, sumando un nuevo capítulo a la compleja historia judicial y política del país.
