Por Redacción de RSM
Tegucigalpa, Honduras. Apenas unas semanas después de haber recuperado su libertad gracias a un controvertido indulto presidencial en Estados Unidos, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández se presentó hoy ante la justicia de su país.
Lo hizo, según sus propias palabras, «con respeto». Sin embargo, su declaración contrasta fuertemente con el clima de tensión y las acusaciones de intimidación. También con la sombra de una condena por narcotráfico borrada legalmente por Donald Trump, pero que no limpia su historial ante la opinión pública ni ante el Ministerio Público hondureño.
El exmandatario, de 57 años, llegó a la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa bajo un riguroso dispositivo de seguridad para enfrentar la audiencia inicial del caso conocido como Pandora II. «Hay que ir siempre a enfrentar la justicia como debe ser, con el respeto del caso, a las instituciones y a las personas», declaró Hernández a los periodistas, flanqueado por su familia.
A pesar de todo, la narrativa del expresidente choca de frente con la postura oficial del Estado hondureño, que lo acusa de haber desangrado las arcas públicas para financiar su ambición presidencial.
«Persecución política», alega defensa
La defensa del exmandatario, encabezada por la abogada Angie Colindres, no tardó en instalar el discurso de la victimización. Colindres afirmó que Hernández es objeto de una «persecución política» y exigió a los tribunales garantizar su derecho a la «presunción de inocencia».
Para el círculo cercano al exgobernante, el proceso judicial no es más que una venganza orquestada por sus detractores. No obstante, esta postura ignora un detalle jurídico crucial: el indulto de Trump borró la condena de 45 años en Nueva York, pero no la culpabilidad determinada por un jurado independiente que lo declaró culpable de narcotráfico.
La acusación fiscal y la voz del procurador: «No le debemos nada»
El contrapunto a la narrativa de JOH lo puso el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, en una extensa entrevista con CNN en Español. Aspra, lejos de amilanarse ante el peso político histórico del acusado, lanzó una crítica demoledora y detallada, desmontando el alegato de persecución.
«Esos son los argumentos que utiliza el señor Juan Orlando Hernández cuando él no puede controlar personas e instituciones… Lo que él trata de desconocer es que nosotros somos parte de este gobierno del Partido Nacional, partido del cual él se sirvió», sentenció Aspra.
La acusación fiscal, ratificada en la audiencia de este miércoles según el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, apunta a un saqueo sistemático. Según la investigación, Hernández y su estructura desviaron más de 10.8 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando presidía el Congreso Nacional. El mecanismo, descrito por el procurador, consistió en drenar fondos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de un «entramado de fundaciones civiles». Bajo la fachada de programas sociales para jóvenes y madres, el dinero terminó engrosando las arcas de los movimientos políticos Azules Unidos y Amigos de Juan Orlando, utilizados para pagar deudas de campaña.
«Nosotros no le debemos absolutamente nada a Juan Orlando Hernández», enfatizó Aspra, dejando claro que la actual administración del Partido Nacional no protegerá al exlíder que alguna vez controló el país con mano de hierro.
Las amenazas y el «espectáculo» en la audiencia
Quizás el punto más álgido de la jornada no fue la acusación formal, sino el ambiente hostil denunciado por la Procuraduría. Aspra reveló que un informe pericial independiente concluyó que hubo una «alta intensidad de confrontación e intimidación» durante la audiencia de imputado del pasado 3 de agosto. Según el relato, Hernández pidió la palabra de manera discursiva y, dirigiéndose directamente a los agentes de la Procuraduría, lanzó la frase: «Quiero verle a los ojos».
Este acto, calificado por el procurador como una «enseñanza» intimidante, evidencia la estrategia del exmandatario: presentarse como un perseguido político ante las cámaras, mientras sus adversarios lo acusan de intentar amedrentar a los operadores de justicia.
La solicitud del Ministerio Público de otorgar detención judicial a Hernández, argumentando riesgo de fuga y contaminación de pruebas, fue desestimada. Aspra lamentó que el juez a cargo, a quien calificó de «nuevo y sin mucha experiencia», no haya decretado la prisión preventiva, una medida que el Procurador considera idónea ante el «excesivo» aparato de seguridad que aún rodea al acusado.
¿Justicia o impunidad?
La jornada terminó con un aplazamiento hasta el 18 de agosto, solicitado por la defensa para analizar las pruebas. Mientras tanto, Juan Orlando Hernández seguirá en libertad, con medidas cautelares como la prohibición de salir del país, pero con la capacidad de movilizarse escoltado por un séquito que, irónicamente, paga el Estado hondureño.
El caso Pandora II representa mucho más que un juicio por lavado de activos; es una prueba de fuego para el sistema de justicia hondureño. Si el Estado no logra demostrar la solidez de sus pericias financieras, el discurso de la «persecución política» podría calar hondo en una población escéptica. Pero si las pruebas presentadas por la Fiscalía son contundentes, este proceso podría confirmar lo que ya dictaminó un jurado en Nueva York: que el poder de Juan Orlando Hernández se construyó, en parte, sobre cimientos de corrupción y narcotráfico.
Por ahora, la imagen de un expresidente indultado por Trump pidiendo «respeto» a las instituciones que alguna vez controló, mientras los fiscales lo acusan de mirarlos a los ojos para intimidarlos, deja en evidencia que la batalla por la memoria y la justicia en Honduras apenas comienza.
