[wpedon id=”4248″ align=”right”]Expertxs opinan sobre el histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado hondureño a emprender acciones para reconocer a las poblaciones LGBTI+, en especial a las personas trans
“Es historia porque se hizo justicia para todos”, dice la madre de Vicky, Rosa Hernández
Por Dunia Orellana, María Aguilar, Dashiell Allen y Dennis Arita
Colaboración: Lourdes Ramírez, Telma Quiroz, Amílcar Cárcamo, Luis Vallecillo y Néstor Hernández
San Pedro Sula, Honduras. La sentencia que responsabiliza al Estado de Honduras por la ejecución extrajudicial de Vicky Hernández también obliga a las leyes hondureñas a crear la esperada ley de identidad de género que beneficia a la población trans del país.
Ese es uno de los principales logros obtenidos a partir del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitido hoy, Día del Orgullo LGBTIQ+ y fecha en que se cumplen doce años de la muerte violenta de la activista trans.
Según un comunicado de prensa de la Corte, se constataron “varios indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández”.
“Un punto resolutivo” de la sentencia “es permitir el cambio de nombre, es decir, una ley de identidad de género. Esta es una de las partes maravillosas de la sentencia porque a partir de allí ya se les puede reconocer sus derechos a las personas trans”, dice, en declaraciones exclusivas para Reportar sin Miedo, la abogada de la Red Lésbica Cattrachas, Nadia Mejía.
Para la abogada de 29 años graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la obligación estatal de crear la ley de género “es un acto muy significativo y reivindicatorio para todas las personas LGBTI del país y genera estándares en toda la región”.
Nadia Mejía y Astrid Ramos son las dos hondureñas del equipo de cuatro abogadas que lograron el histórico fallo. Las otras dos son las miembras del Robert F. Kennedy Human Rights, Angelita Baeyens y Kacey Mordecai.
LEA: Sentencia por el caso de Vicky Hernández
El fallo de la Corte incluye otras exigencias que el Estado de Honduras debe cumplir con las víctimas del asesinato de Vicky Hernández para “garantizar el reconocimiento y el respeto de las personas LGBTIQ, específicamente personas y mujeres trans”, agrega la abogada de Cattrachas.
Entre otras acciones, “la Corte le exige al Estado de Honduras reconocer en acto público la responsabilidad del asesinato de Vicky Hernández; investigar y condenar al responsable; indemnizar a la madre, hermana y sobrina de Vicky; dar una beca de estudios a la sobrina de Vicky, y crear la beca ‘Vicky Hernández’ para personas trans que quieran acceder a la educación”, dice Nadia Mejía.
“Es historia porque se hizo justicia. Se hizo justicia para todos”, dice, emocionada, la madre de Vicky, Rosa Hernández, en entrevista para Reportar sin Miedo. “No solo para mí, sino para todos. Fueron doce años de espera, pero valió la pena”.
Según datos del observatorio de la Red Lésbica Cattrachas, en Honduras, desde el asesinato de Vicky Hernández, han sucedido 389 muertes violentas. Unas 46 lesbianas, 122 trans y 221 gays. Sólo hay 83 casos judicializados y 34 sentencias condenatorias.
La sentencia que cambia la historia
“La justicia de Vicky no solo es para ella, sino para todas, todos y todes”, dice la coordinadora de la red Lésbica Cattrachas, Indyra Mendoza. Aunque tuvo que esperar doce años, Mendoza dice que es un día “para celebrar” y confesó que se siente “superorgullosa”.
En Honduras, agrega, a los grupos LGBTIQ+ les cuesta celebrar. “Hoy marca un antes y después porque no solo puedo celebrar como Indyra, sino Cattrachas”.
“Por fin estamos logrando cambiar la historia [para que] con Vicky ya no se vivan las historias que ella vivió de discriminación y estigma por parte de la sociedad y el Estado”, dice la abogada Nadia Mejía.
“Estoy feliz”, afirma, radiante, Indyra Mendoza. Para la coordinadora de Cattrachas, con el fallo comienza “una nueva etapa”. Afirma que si no están ella y su organización para hacer cumplir al Estado, ”estarán las nuevas generaciones”.
Para Cattrachas, el fallo es solo el comienzo de una larga serie de actividades para crear conciencia sobre la necesidad de respetar los derechos de la diversidad sexual. Desde hace meses, Mendoza y la organización que lidera están enfrascadas, en coproducción con RFK Human Rights, en la realización de un documental sobre el caso de Vicky.
Entretanto, para el activista de la diversidad sexual Osman Lara, la sentencia es “un momento histórico y coyuntural perfecto para las personas LGBTI+ hondureñas y latinoamericanas, con mayor énfasis en mujeres trans”.
Según el defensor de los derechos LGBTIQ+, la sentencia de culpabilidad estatal en el caso de Vicky y el blindaje de leyes contra la diversidad sexual indican que el Estado hondureño padece una “homolesbobitransfobia racista, clasista y patriarcal”.
El activista exige materializar la sentencia “en memoria de Vicky y los 388 casos visibles de asesinato y hacer valer esa beca Vicky Hernández que cambiará la vida de las personas trans”.
Algo parecido piensa la abogada de la RFK Human Rights, Angelita Baeyens. El primer paso, para ella, es asegurar que el gobierno hondureño cumpla el fallo de la Corte. Se ha ganado “la primera etapa del proceso”, advierte. “La lucha no ha terminado. Ahora necesitamos que Honduras la implemente”.
Por otro lado, el fallo de la Corte IDH “es un hecho sin precedente para América Latina y Honduras”, dice el presidente de la Asociación LGBTIQ+ Arcoíris, Donny Reyes. “Estamos muy contentxs porque condena al Estado de Honduras a acciones en favor de las personas trans, particularmente”.
La sentencia es un “enorme logro,” afirma la presidenta de GOJoven Honduras, Gabriela Flores. Si bien es imposible reparar la pérdida de Vicky, por lo menos las organizaciones interamericanas dan respuesta y acceso a la justicia “a la familia y activistas LGTBIQ+”, agrega.
Este triunfo es una bofetada para un sistema culpable “de violaciones graves de derechos humanos”, donde “la violencia es sistémica, enraizada en las fuerzas militares y policiales”, asegura el sociólogo Luis Velásquez.
Por otra parte, la sentencia es una “reivindicación de los colectivos LGBTIQ+”, según la directora de la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (Udimuf), Vanessa Siliezar, ya que en Honduras no hay leyes que reconozcan los derechos de la diversidad sexual.
Para la abogada Siliezar, es “espectacular” y al mismo tiempo difícil porque Honduras “vuelve a ser sentenciado como un opresor y violador de los derechos humanos, específicamente de la comunidad LGBTIQ+”.
👩🏿⚖️👨🏿⚖️#Sentencia Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras🇭🇳. La @CorteIDH declaró que el Estado de Honduras es responsable por la muerte de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y conocida activista.
👩🏿💻Más información aquí: https://t.co/UKjB10sgWV #ProtegiendoDerechos pic.twitter.com/dRU3I6sj2J— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) June 28, 2021
Cambio de género, una realidad
Uno de los logros sobresalientes obtenidos a partir del fallo de la Corte IDH es la obligación del Estado hondureño de crear la esperada ley de género.
Hasta el sol de hoy, la normativa hondureña no permite que las personas trans cambien de nombre y que aparezcan en documentos como cédulas y pasaportes con la identidad de género que han escogido.
Con la ley de género impuesta al Estado hondureño, esa realidad cambiará, pero, según activistas como el miembro del Movimiento Diversidad en Resistencia, Osman Lara, se necesita “incidencia y protesta para que se cumpla esta sentencia y no quede en papel”.
Entretanto, para el activista de los hombres trans, doctor Dylan Duarte, con la ley de género, las personas trans pueden ser “reconocidas por el género con el cual se autoperciben” y cambiar “sus documentos personales por el nombre y género que adoptan”.
La ley traerá innumerables beneficios a la población diversa hondureña, agrega el doctor Duarte. Entre esos beneficios se cuenta el acceso a educación y salud. Se obliga al sistema de salud a dar atención integral a las personas trans. “Pueden tener terapia hormonal cruzada y todos los tratamientos para su transición”, señala.
Las propuestas de la ley de identidad de género en Honduras comenzaron en 2003. En 2019 se buscó aprobar el proyecto de ley con apoyo de pocos diputadxs.
El Congreso Nacional de Honduras se ha negado a aprobar la normativa de género debido al fundamentalismo religioso, a pesar de que el Estado hondureño es constitucionalmente laico.
El triunfo del Observatorio de la Violencia de Cattrachas
Para la abogada Nadia Mejía, la victoria obtenida por medio de la sentencia contra el Estado de Honduras se debe en gran parte al Observatorio de Muertes Violentas de Cattrachas, coordinado por Indyra Mendoza.
“Sin toda esa información recopilada por Cattrachas, no hubiéramos tenido este tipo de sentencia porque documentó y dio seguimiento a todas las muertes violentas desde 2009 hasta hoy”, agrega Mejía.
El Observatorio de la Red Lésbica Cattrachas dedica las 24 horas del día y los siete días de la semana a llevar un registro detallado, tanto en video como en audio y texto, de todas las violencias cometidas contra las poblaciones LGBTIQ+ hondureñas.
Los archivos del Observatorio son un poderoso aliado de la justicia para las poblaciones diversas de Honduras y se convierte en un ejemplo de investigación constante, bien coordinada y documentada que rinde frutos importantes.
Un examen cauteloso
“Hay que resaltar la labor de organizaciones como la Red Lésbica Cattrachas y de muchas personas y organizaciones que tras años de lucha han logrado una respuesta”, dijo la presidenta de GOJoven Honduras, Gabriela Flores.
Sin embargo, según Flores, falta hacer “justicia para otras personas LGTBIQ+ asesinadas”, además de reparar daños, tener un sistema de justicia equitativo y que el Estado responda por nuestra seguridad, integridad y una vida libre de estigma y discriminación”.
A pesar de haberse obtenido un triunfo al lograr la sentencia de culpabilidad del Estado hondureño, la “autocracia” que hay actualmente en Honduras, encabezada por autoridades que se han pronunciado en público contra la diversidad sexual, dificulta la aplicación de leyes como la de identidad de género que la Corte exige al Estado de Honduras.
La directora de Udimuf, Vanessa Siliezar, es cautelosa al medir el alcance del logro obtenido con la sentencia de la Corte. “Los defensores vemos cómo las leyes pasan por encima de los que toman decisiones”, afirma.
En Honduras “no hay separación de poderes, el poder está concentrado en un solo ser humano y sus allegados”, agrega. “Así como la comunidad internacional está viendo cómo se descuartiza niños y mujeres palestinos sin decir absolutamente nada, no pasa nada en Honduras, pues somos un aliado estratégico del norte. Aquí puede desangrarse todo el país. No va a pasar nada”.
Para Cattrachas, el fallo es solo el comienzo de una larga serie de actividades para crear conciencia sobre la necesidad de respetar los derechos de la diversidad sexual. Desde hace meses, Indyra Mendoza y la organización que lidera están enfrascadas, en coproducción con RFK Human Rights, en la realización de un documental sobre el caso de Vicky.
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