En el Aguán, norte de Honduras, la ley parece no tener poder, ya que siete personas defensoras de la tierra han sido asesinadas en la zona. Esta cifra debería preocupar a todos los hondureños y hondureñas
Por Amelián Zerón
Tegucigalpa, Honduras. Las poblaciones originarias de Honduras siguen siendo criminalizadas por defender la tierra y el agua.
Esa es la situación actual del Bajo Aguán, donde resultan preocupantes las constantes violaciones de los derechos de la población.
La comunidad del norte de Honduras ha luchado por más de diez años, creando convenios con los gobiernos para erradicar esta situación violenta que retrasa el desarrollo del país.
En el Bajo Aguán, las inmensas plantaciones de palma africana cubren gran parte del territorio. Sin embargo, el cultivo se halla bajo el dominio de terratenientes conocidos por la sociedad hondureña. Entre los principales latifundistas de la región se encuentran Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales.
La palma cultivada en las tierras en poder de los latifundistas del Bajo Aguán sirve para desarrollar productos que sustentan la vida de los habitantes. Con el fruto de la planta se elaboran aceites y jabones, entre otros artículos de consumo básico.
Pero parece que en ese territorio tan fértil la ley hondureña no tiene ningún poder, ya que siete personas defensoras de tierra han sido asesinadas en la zona. Esta cifra debería preocupar a todos los hondureños y hondureñas.
Aunque la reforma agraria se emitió en 1964, los minifundios y latifundios siguen presentes en Honduras. Los grandes empresarios violentan a las personas que cosechan el fruto de la palma en el Bajo Aguán. De hecho, las propias Fuerzas Armadas se han involucrado en el despojo violento de las poblaciones originarias de esa región del país.
Y no sólo se enfrentan al despojo. Las y los trabajadores de las extensas plantaciones del Aguán también luchan contra los problemas de salud, ya que las empresas no se preocupan por darles lo necesario para el cuidado básico.
¿Acaso no son seres humanos? ¿Pueden aguantar sin el respaldo de un seguro social? ¿Qué pasa por la mente de los terratenientes? ¿Las personas que imparten justicia en el país se han olvidado de la reforma agraria?
La integridad física y psicológica de los y las trabajadoras debe ser un tema de interés para el gobierno. Además deben garantizarles una vida digna, ya que las cosechas de palma africana influyen en el producto interno bruto de Honduras.
Honduras está pasando por una era refundacional, según el gobierno actual. Eso implica que habrá muchos cambios en el país. Sin embargo, no se toman en serio las leyes.
Alrededor de 128 personas han muerto y otras seis desaparecieron entre 2008 y 2013 a causa del conflicto agrario en el Bajo Aguán, según datos del Observatorio Permanente de Derechos Humanos.
El expresidente Porfirio Lobo Sosa, a través del fiscal general, impulsó una unidad para esclarecer los asesinatos y la compra de tierras a los terratenientes para entregarlas a quienes las necesitan. Sin embargo, no se regularon las criminalizaciones y se dio paso a las constantes violaciones de derechos, impidiendo el desarrollo de esta zona del país.
Si bien se han dado avances en derechos humanos, se requiere la constante presión de los entes de seguridad nacional para velar por quienes laboran en las plantaciones de palma del Aguán.
Se trata, por ello, de un logro que los terratenientes no han permitido que ocurra. La siembra y cosecha en estos terrenos podrían permitir que la fuerza laboral en el Aguán alcance una vida plena. Pero eso sólo se lograría si todas las partes involucradas respetaran la reforma agraria.
Espero que realmente se alcancen cambios positivos para apoyar a quienes han sido criminalizados durante años.
Velar por los derechos de la naturaleza y sus defensores es muy importante para proteger los recursos naturales que nos brinda el corazón de Centroamérica, ya que con ellos subsistimos.
Los defensores de derechos humanos y ambientales han sido perseguidos por el simple hecho de defender la tierra del país.
Desde la huelga bananera de 1954 hasta hoy han muerto violentamente muchas personas defensoras de derechos ambientales y humanos. Tal es el caso de Berta Cáceres.
Mientras tanto, los gobernantes sólo dan charlas que transmiten inspiración para seguir adelante, pero no se ha visto ningún cambio. Es obvio, por esa razón, que solo quieren llegar al poder para saciar su sed monetaria y enriquecerse.
Eso es lo que ha ocurrido con el acuerdo de Escazú. Ningún gobierno ha ratificado este pacto que engloba la seguridad de las y los defensores, que protege las tierras ancestrales y las poblaciones originarias, es decir, lencas, tolupanes y garífunas.
Así, las nuevas generaciones (me incluyo) debemos apoyar la lucha de estas poblaciones que históricamente se han encontrado en una situación vulnerable y precaria debido a las falsas promesas. ¿Por qué más tendrán que pasar estas personas para implementar la ley como se debe y proteger su integridad física y psicológica? Esa y otras preguntas siguen sin respuesta.
La lucha de estos sectores genera un impacto social significativo y positivo en la sociedad hondureña.
Por ello, quienes gobiernan deben tomar cartas en el asunto. Estas malas prácticas no pueden continuar. Las y los luchadores del Bajo Aguán necesitan el apoyo gubernamental. Si bien se reconoce la ardua labor del gobierno, si los resultados no se ven es porque algo falta. Quizá se necesita más esfuerzo y apoyo de las instituciones competentes.
Honduras es rica en cultura y naturaleza, en personas nobles que luchan a diario para seguir adelante. Sin embargo, es urgente atender la situación de las poblaciones en situación vulnerable. Es también necesario dar una respuesta directa, positiva y efectiva para erradicar las criminalizaciones que durante años han atacado a nuestra gente.
El cambio debe empezar ahora.
