Previo a la asistencia a la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, el ministro de Ambiente en los despachos del Estado habló acerca de la intención de ratificar este acuerdo y cuál sería el proceso a seguir
Texto y fotos de Lizz Gabriela Raudales
Tegucigalpa, Honduras. El Acuerdo de Escazú es el primer tratado del mundo sobre la protección de los derechos humanos de las y los defensores ambientales. Este convenio entró en vigor el año pasado y ha sido ratificado por 12 países y pronto tendrá su primera Conferencia de las Partes (COP), la que se realizará en Santiago de Chile entre el 20 y el 22 de abril de 2022. El objetivo de esta primera sesión es revisar los avances y el estado de la implementación del acuerdo, seguido de pláticas para su operativización. Además, se discutirán las reglas de procedimiento de esta conferencia, estrategias para una implementación efectiva y las disposiciones financieras necesarias para cumplir con lo estipulado en el acuerdo.
Hasta ahora, Honduras no ha firmado ni ratificado este tratado, pero en menos de 100 días de la administración de Xiomara Castro ha quedado claro que una de las prioridades del Gobierno es la recuperación y protección de los recursos naturales. En el plan gubernamental presentado por Castro Sarmiento previo a los comicios electorales que se realizaron en noviembre de 2021, se indica que Honduras es «un casi jardín del Edén que estamos convirtiendo en una tierra baldía para la posteridad».
Según datos de Global Witness plasmados en el informe «Última línea de defensa», en 2020 se registraron 220 asesinatos de defensoras y defensores del ambiente y la tierra. Solo en Honduras se registró el asesinato y la desaparición forzada de 17 personas, convirtiendo al país en el segundo más violento considerando la cantidad de asesinatos per cápita.
Previo a la COP1, el secretario de Estado en los despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), el ingeniero Lucky Medina Estrada, brindó una entrevista para hablar sobre el Acuerdo de Escazú y las decisiones que se están tomando desde esta institución.
¿MiAmbiente piensa adherirse al Acuerdo de Escazú?
Se presentó la propuesta a la presidencia, pero, si yo tuviera que dar una respuesta, diría que se ve con buenos ojos. Se habló con la presidenta, con el equipo de asesores y la gente cercana a ella y se ve con buenos ojos, sobre todo porque la presidenta nos dio una indicación la tarde noche del 27 de enero, después de la toma de posesión: «Tienen que ir a escuchar al pueblo, vayan a hablar con la verdad y hay que gobernar con sentido común». Después de eso, en el Consejo de Ministros, cada uno se presentó con las líneas políticas de su secretaría. Nosotros aquí, la primera reunión que tuvimos fue con la gente del Copinh, después hablamos con grupos ambientalistas que nunca habían entrado aquí -refiriéndose al despacho-. La primera línea política de la secretaría es la justicia climática. La justicia climática obliga a que tomés en cuenta a las comunidades, porque son las responsables de haber cuidado los recursos. Entonces, con esto se entra en el esquema del Acuerdo de Escazú. Pero no es una decisión exclusiva del Ejecutivo. Entonces, no sé si vamos a ser signatarios o no. Hay buen ánimo desde la presidencia, pero falta el cabildeo en el Congreso Nacional.
¿Cuándo se haría el cabildeo en el Congreso Nacional?
Primero necesitamos asegurarnos de que nos vamos a adherir a Escazú. Este tema lo lidera la Secretaría de Recursos Naturales pero también se debe discutir con el Gabinete Sectorial de Recursos Naturales y Medio Ambiente, sus integrantes deben decir si están a favor o no. Yo lo que sí esperaría y nosotros lo que impulsamos es que sea pronto y que sea un esfuerzo de gobierno, no desde ONG’s a las que el gobierno se pega, sino que seamos nosotros quienes impulsemos eso.
A pesar de no ser país signatario, ¿irá una comitiva a Santiago de Chile para representar a Honduras?
Estamos invitados porque, en las negociaciones iniciales, Honduras formaba parte y eso nos da paso a estar en la COP1 de Escazú.
¿Quiénes conforman la comitiva que atenderá al evento?
La delegación inicial está para que vaya el titular de la Secretaría, en este caso, yo. Esto lo decidimos hace unos días y hablamos de quién es la mejor persona que puede acompañar y creemos que es el secretario general de este despacho, Ariel Madrid, quien tiene dos o tres meses de estar acá y viene de la causa de Berta Cáceres, entonces es alguien que tiene clara la concepción de cómo desarrollar estos temas. No se trata solo de ser signatario, sino de crear las capacidades para echarlo a andar.
¿Cuáles son los escenarios a tener en cuenta dependiendo de la decisión del Congreso Nacional?
Podés o no adherirte a un acuerdo, lo imperdonable sería no hacer las cosas. Si te adherís al acuerdo, de forma automática, te obligan a revisar y a aprobar la consulta libre, previa e informada. Pero si la decisión es no adherirse al acuerdo, también hay que avanzar con la consulta, también hay que mantener, reformar y fortalecer los mecanismos de protección para los defensores y ese es un tema de la Secretaría de Derechos Humanos. Nosotros aquí también deberíamos estar obligados a que los grandes proyectos tengan mecanismos de presentación de información que sean digeribles para la comunidad en general y lo otro es la socialización, el acceso transparente y los mecanismos de pago más justo. Si nos adherimos a Escazú, avanzamos con eso de forma automática, sino, también lo vamos a hacer. Las secretarías estamos decididas a eso. Esta es una herramienta que nos apoya, pero si no, no nos vamos a detener.
¿MiAmbiente cuenta con el nivel de transparencia que exige el Instituto de Acceso a la Información Pública?
Sí, eventualmente con los términos tenemos un poco de problemas y damos información preliminar y luego información más completa. Hay decenas de miles de expedientes que no están sistematizados. Hemos recibido alrededor de 35 solicitudes desde el 27 de enero y todas se han resuelto en el tiempo y se está trabajando en un proyecto para digitalizar y ordenar todos los expedientes porque hay información desde los 90. Además, nosotros no tenemos información en categoría confidencial.
En los primeros 100 días de gestión, ¿qué se ha logrado en materia ambiental?
Primero, darle la importancia que merece a la Secretaría de Recursos Naturales y al tema de recursos naturales. Hay dos vías para demostrar eso; lo institucional, por un lado, porque se forma el Gabinete de Recursos Naturales y Medio Ambiente, donde están la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Conservación Forestal, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Defensa Nacional, Energía, acompañados por la ministra de Finanzas y el gerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. En segundo lugar, el fortalecimiento económico con el nuevo presupuesto, que se cuadruplicó con la revisión, para poder coordinar el programa de reforestación, restauración y protección de las cuencas hidrográficas. Pasamos de 200 millones a cerca de 1,000 millones de presupuesto, de verdad hay buen ánimo del gobierno porque los temas ambientales se ejecuten rápido, se hagan bien y el dinero llegue a las comunidades. Además, hay un respaldo a las decisiones que se toman, como parar las dragas en los ríos, frenar la deforestación en áreas protegidas, la confianza de buscar mecanismos de financiamiento. El apoyo ha sido total y rotundo por parte de la presidenta.
¿Por qué cree que la administración anterior no dio la importancia requerida al Acuerdo de Escazú?
Creo que el tema más delicado es el acceso a la información, era como darse con la piedra en los dientes al aprobar la Ley de Secretos por un lado y adherirse a un acuerdo que te obliga a dar la información por otro, es antagónico para ellos. Hay incluso una ley de secretos especial para temas ambientales, entonces deshabilitan lo que ellos mismos habían aprobado. Yo no creo que la consulta previa les haya limitado tanto, siempre buscaron cómo maniobrar este tema, entonces, aquí los expedientes tienen resolución de consulta previa, hacían reuniones y hay documentación de que se hizo, aunque no cumple con los estándares, maniobraban con eso. Pero con el acceso a la información, la das o no la das. Y lo otro es que es probable que no hayan querido entender el trasfondo del acuerdo. Si no había financiamiento inmediato y seguro de por medio después de firmar el acuerdo, no era importante. No les importaba la gente, les importaba traer fondos aquí para robárselos, básicamente era eso. Activar mecanismos no era una preocupación de las administraciones anteriores, y no de las secretarías, porque era una decisión de gobierno en general.
Como autoridad en temas ambientales, ¿qué esperas lograr en la COP1?
Hay que cambiar la imagen del país, estamos enfrentando ese momento de transición a lo interno, es duro pero esperanzador y hay que mostrar la buena actitud que tiene la presidenta respecto a los temas ambientales y la posibilidad de demostrar que este no debería ser el país más violento y más peligroso para los defensores de los recursos y es una oportunidad para que el país pueda hablar con transparencia de los problemas ambientales que aquí se sufren. Aquí existe un vacío de datos, pero si tuviéramos los datos a mano, no tengo ninguna duda en afirmar que somos el país más vulnerable ante los efectos del cambio climático.
*Este trabajo fue producido en el marco del proyecto sobre la COP1 del Acuerdo de Escazú de Climate Tracker y FES Transformación.