Los opresores en Honduras encuentran la forma de prohibir sutilmente la libertad de expresión y atentan contra los marginados y desprotegidos
Por Eva Galeas
Tegucigalpa, Honduras. Según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), en Honduras se registró medio centenar de violaciones a la libertad de expresión y de prensa durante el 2022. Esa cifra incluye el asesinato de cinco personas ligadas a los medios de comunicación. Los cinco crímenes están en total impunidad.
En los últimos años ejercer el periodismo en Honduras se ha convertido en una muerte anunciada. La élite política se niega a ser cuestionada por grupos de sociedad civil que están alertas a cualquier abuso o atropello contra la ciudadanía.
La libertad de expresión se describe como un bien que presupone la libertad de pensamiento. Sin embargo, los opresores en Honduras muchas veces encuentran la forma de prohibir sutilmente el derecho a pensar, hablar y decir lo que se siente. Esta situación atenta contra los grupos marginados y los más desprotegidos.
Recientemente, organizaciones de libertad de expresión solicitaron a Estados centroamericanos mecanismos de atención oportuna para defender la libertad de expresión en la región. A pesar de todo, estas peticiones se hacen de manera consecutiva y parecen no ser tema toral para los gobernantes.
En este evento participaron Bia Barbosa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Jonathan Bock, director de FLIP, Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, (Asopodehu) y Angélica Cárcamo, periodista y presidenta de APES.
En el conversatorio manifestaron que América Latina es actualmente el continente más letal y peligroso para la prensa. El 2022 fue uno de los peores años para este grupo, ya que 39 periodistas fueron asesinados en la región. Esta es la cifra más alta desde que se llevan registros y representa la mitad de los periodistas asesinados en todo el mundo.
Asimismo manifestaron que hay diferentes particularidades en cada uno de los países. También hay patrones de ataques contra la prensa que se repiten en El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Algunas de estas agresiones son privaciones ilegales de la libertad, exilio, acoso judicial, amenazas, ataques físicos, vigilancia estatal y estigmatización. Otro factor común es que el principal agresor contra la prensa es el Estado. En promedio, el 70% de los ataques son perpetrados por personas servidoras públicas.
Según el Conadeh, los cinco asesinatos de personas ligadas a los medios de comunicación se reportaron en los departamentos de Lempira, Cortés, Atlántida, Choluteca y Francisco Morazán, occidente, norte, Caribe, sur y centro del país centroamericano.
Al mismo tiempo, el organismo de derechos humanos reveló que cuatro personas vinculadas a los medios de comunicación fueron víctimas de atentados contra su integridad física y su vida. Mientras tanto, otras 17 denunciaron ser víctimas de amenazas. En algunos casos se involucraron funcionarios del Gobierno y autoridades municipales.
El presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), Carlos Ortiz, en conversación con Reportar Sin Miedo, manifestó que Honduras no ha experimentado cambios sustanciales en gobiernos anteriores ni en este.
“Yo diría que vamos en un proceso de retroceso porque en derecho a la vida a y la libertad de expresión y de prensa estamos en momentos de precariedad. No tenemos un mecanismo de protección ni hay voluntad política. Lo único que hay son escoltas policiales”, subrayó Ortiz.
Mencionó que la corrupción y la impunidad permanecen en el actual gobierno. Esta situación sirve para que continuar atentando contra los profesionales del periodismo. “En Honduras no se está aplicando el verdadero respeto a la libertad de expresión ni a la libertad de prensa”, aseguró.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, durante una reciente conferencia de prensa también expresó que Honduras sigue siendo un país “sin justicia” para las víctimas y no hay castigo para los agresores.
“La persistencia de la impunidad en el país genera un sentimiento de impotencia y frustración en el pueblo hondureño. Se les niega a los familiares el derecho a conocer la verdad”, recalcó.
Honduras experimentó un cambio de gobierno que trajo esperanzas para la ciudadanía hondureña, dado que apostaba por una mejora luego de la dictadura de Juan Orlando Hernández. Sin embargo, la transición esperada no ha llegado.
Muchos aseguran que la protección de los derechos humanos y la pluralidad se han visto empañadas por más violencia contra periodistas. En el gobierno de Xiomara Castro se han registrado agresiones y discursos estigmatizantes y descalificadores desde funcionarios de gobierno hacia periodistas críticos.
Tal es el caso del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Radio Progreso. El equipo denunció recientemente una serie de ataques recibidos hace unos meses mediante redes sociales y medios. Además han recibido amenazas, extorsiones, hackeos de sus redes oficiales y de las páginas web de Radio Progreso y del ERIC.
No dejaremos que nos silencien, seguiremos apoyando a quienes busquen un cambio profundo.
Copinh
El padre Ismael Moreno es una de las voces más fuertes que denuncian la corrupción y el olvido de los más vulnerables por el Estado hondureño. Además ha cuestionado muy fuerte a los gobiernos que no trabajan para el bien de los pueblos.
Ante las amenazas contra el medio, diferentes organizaciones respaldaron al incansable defensor de derechos humanos, incluyendo el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). “No dejaremos que nos silencien, seguiremos apoyando a quienes busquen un cambio profundo y de raíz”, manifestó el movimiento campesino.
A juicio de Ortiz la prensa hondureña sigue criminalizada por los grupos políticos y de poder en el país. Mencionó que no logra entender qué tienen los gobiernos en contra de un medio como Radio Progreso, pues lo único que hace es denunciar para dar a conocer la realidad de país. Por tanto, alegó que los políticos deben ser tolerantes a las críticas.
Mencionó que no es posible que en un gobierno que se hace llamar “democrático” y “respetuoso de los derechos humanos” se estén cerrando las puertas de un medio como el ya mencionado. “Si tenemos que salir a las calles por defender y acuerpar a Radio Progreso, lo vamos a hacer y como asociación estaremos ahí”, añadió Ortiz.
Diferentes asociaciones de periodistas y comunicadores sociales han asegurado que las autoridades hondureñas no tienen interés en estos temas. Lejos de eso, ahora se encuentran en una crisis institucional, técnica y presupuestaria. Además falta voluntad política para dirigir adecuadamente una institución vital para salvaguardar la vida de periodistas amenazados.
Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de prensa instan a los Estados a adoptar medidas concretas de protección cuando hay una situación de riesgo real e inminente para una determinada persona o grupo de individuos. Sin embargo, muchas exigencias se quedan sin ser llevadas a la práctica.
Además, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
