Cientos de personas privadas de libertad han muerto violentamente en los centros penales de Honduras en los últimos años. La violencia en las cárceles del país se relaciona con la falta de control real de las autoridades del Estado, afirmó la representante de la ONU, Isabel Albaladejo
Por Eva Galeas
Fotos: Gobierno de Honduras
Tegucigalpa, Honduras. La violencia en los centros de detención a nivel nacional es otro de los problemas estructurales que se han disparado en el país durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Quienes conocen sobre derechos humanos y asuntos carcelarios aseguran que Honduras está lejos de garantizar esos derechos y la vida de las personas privadas de libertad.
El terror no duerme en los centros penales. Todas las noches y a cada hora, las personas privadas de libertad se la “juegan” para cometer cualquier tipo de delitos allá adentro. Algunos aseguran que llegar a un centro penal en el país es como firmar su carta de muerte.
Aunque los días en aislamiento son largos y tienden a convertirse en años, para muchos, la vida ahí adentro es corta y tienen los segundos contados. Hay épocas en que las personas privadas tienen que hacer guardia para protegerse entre ellas mismas de los grupos contrarios y de sus fechorías.
La representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Isabel Albaladejo, en entrevista reciente a medios internacionales manifestó los grandes problemas que el organismo ha observado en cárceles del país.
Según Albaladejo, el ámbito penitenciario hondureño está marcado por la falta de clasificación de personas privadas de la libertad y la existencia de autogobiernos en los centros penitenciarios. También por el ingreso de armas, el hacinamiento y el uso excesivo de prisión preventiva.
Por otra parte, la representante de la ONU expuso que la violencia en los centros penitenciarios se relaciona con la falta de control real de las autoridades del Estado. Esta situación ha sido dominante en los últimos años en el país.
Una historia desoladora
La criminóloga Seyda González, en reciente entrevista con Reportar sin Miedo, manifestó que en Honduras la violencia no ha sido controlada por el gobierno de Castro y muchas de sus promesas siguen sin ser llevadas a la práctica. “Los índices de violencia y el crimen asustan a la población hondureña. Ni con el estado de excepción se ha podido disminuir un poco”, cuestionó González.
A su juicio, los grupos criminales se burlan de la Policía Nacional y de la misma Secretaría de Seguridad porque demuestran que están mejor organizados y planificados que las autoridades.
Los defensores de derechos humanos de privados de libertad llevan años exigiendo a las autoridades hondureñas que pongan mayor énfasis en el problema de hacinamiento en los centros penales. Sin embargo, las peticiones han sido en vano y las muertes violentas en los reclusorios continúan sin que nadie dé respuestas.
La historia del país en el sistema penitenciario no es angustiosa. Es completamente desoladora. Solo el año 2019, en los centros penales en Honduras se registraron 60 muertes de personas privadas de libertad.
Entretanto, en 2021, la oficina de la ONU, según Albaladejo, registró seis reyertas que dejaron 55 personas heridas y ocho muertos. Asimismo, en 2022 se registraron 17 muertes violentas en las cárceles del país. Por lo anterior, Albaladejo manifestó que la administración actual del país ha heredado una situación de problemas sistemáticos en el sistema penitenciario.
Aunque estos años antes en mención fueron muy duros para la población penitenciaria, la historia en años anteriores ha sido terrorífica. Las muertes e incendios en los centros penales han sido inmensurables. Pese a que los años han transcurrido después de esas muertes registradas en varios cárceles, no hay autoridad que hasta la fecha dé respuesta por muchos de estos asesinatos.
Basándose en la línea de tiempo y en la violencia generada históricamente en los centros de detención, otro hecho que conmovió a los hondureños fue el incendio registrado el 17 de mayo de 2004 en el Centro Penal de San Pedro Sula, en el norte del territorio hondureño. El letal siniestro cobró la vida de 107 personas y dejó más de 25 heridos. Ese hecho fue considerado el segundo peor incendio en centros penales de Honduras en toda la historia.
Por otra parte, el fatídico 14 de febrero de 2012 también marcó la vida de cientos de familias hondureñas, quienes perdieron a más de un familiar que se encontraba privado de libertad en la Granja Penal de Comayagua.
En esa ocasión fue un incendio “estructural” el que cobró la vida de más de 360 personas privadas de libertad. El hecho desnudó los graves índices de hacinamiento carcelario y la falta de infraestructura apropiada y basada en el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
En este último incendio, Honduras era gobernada por el expresidente Porifio Lobo Sosa, del Partido Nacional de Honduras. Por este hecho, el gobierno hondureño fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El propio presidente admitió que el gobierno había tenido la culpa de este incendio debido a la falta de infraestructura e inversión económica en los reclusorios.
¿Qué hace el Estado?
Hoy, Honduras es gobernada por la primera mujer presidenta en la historia del país, y por qué no, en la historia de los países de las región. La ciudadanía le apostó al cambio al elegir a Xiomara Castro como presidenta. Sin embargo, hay muchos que ahora lo lamentan.
Entre quienes se arrepienten están las familias de las 46 mujeres víctimas de un Estado silencioso, pero que lastima y condena a la desgracia y la miseria a miles de hondureños y hondureñas.
Las personas familiares de las privadas de libertad asesinadas y calcinadas en el único centro penal para mujeres en el país el 20 de junio del año en curso maldicen haber elegido a Castro para que dirigiera la administración de este territorio. Aseguran que ha quedado a deber.
“Cuando no se espera nada de una clase política tradicional, todo lo que hace se asume con la resignación normal. Cuando se apuesta a una clase política emergente y resulta ser peor o imita lo que tanto cuestionaron, es desolador, se pierde esperanza y la muerte está más cerca”, tuiteó la periodista y directora de Reporteros de Investigación, Wendy Funes. La reacción de Funes se debe a que el gobierno de Castro se vanagloriaba de defender derechos humanos de toda la ciudadanía, pero hoy sede demuestra todo lo contrario.
Entretanto, la directora de la asociación Cozumel Trans, Rihanna Ferrera, manifestó que se siente indignada por los discursos «de personas políticas como el ministro de Defensa que antes se emitían contra lo que hace El Salvador. Ahora lo está haciendo Honduras y [el ministro] lo felicita. La sociedad tiene que entender que las torturas no las podemos cometer entre nosotros mismos como civiles, sino que la tortura la realizan los funcionarios y operadores de justicia. Hay que tener un poquito más de educación sobre qué es la tortura, quiénes cometen tortura, hacia quiénes son las torturas».
Ferrera se adelantó a quienes critican a las organizaciones por reclamar los derechos de los privados de libertad. «Las personas defensoras de derechos humanos no defendemos el delito, [sino] el derecho que tiene la persona como privada de libertad, porque el único derecho que pierde es su libertad«, aclaró
La muerte de las 46 dejó miles de reacciones, un pueblo indignado y afligido que vive en la incertidumbre de no saber qué le depara su futuro en un país tan violento como Honduras. “Mi solidaridad con las mujeres en el Centro Penitenciario en Támara y mi fuerte rechazo a la violencia. El 8 de marzo celebramos allá con algunas mujeres el Día Internacional de la Mujer, escuchando sus historias y sueños. Mi corazón llora y comparto el luto con sus familias”, posteó en Twitter la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, luego de confirmarse el lamentable hecho registrado en Támara.
Para el crítico y defensor de derechos humanos en Honduras, Ismael Moreno, las masacres son una epidemia en las cárceles hondureñas. Para combatirla y erradicarla se requiere un nuevo sistema penitenciario con audaces políticas públicas propuestas e implementadas desde una comisión interdisciplinaria con presencia de instancias internacionales, sugirió en un tuit el también reconocido defensor de los bienes comunes.
Pese a que el sistema carcelario de Honduras ha registrado varios hechos sangrientos que enlutan a cientos de familias y que organismos defensores de derechos humanos han urgido al Estado hondureño velar por la vida y la integridad de estas personas, dichas peticiones no obtienen respuesta. En el país aún no se crean planes de prevención y respuesta ante emergencias en los centros de detención.
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