La decisión unánime de la SCJN se da luego de un litigio estratégico presentado por la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
Publicado originalmente en Agencia Presentes
Ciudad de México, México. En México la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es inconstitucional criminalizar a las mujeres, hombres trans, personas no binaries y aquellas con capacidad de gestar que deciden interrumpir su embarazo, y al personal médico que brinda este servicio.
La decisión unánime de la SCJN se da luego de un amparo indirecto promovido por la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto.
La SCJN analizó el amparo promovido por GIRE y consideró que los artículos 330 a 334 del Código Penal federal son inconstitucionales al imponer una pena de prisión a las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden voluntariamente interrumpir el embarazo; así como criminalizar al personal médico que presta el servicio de aborto.
La decisión incluye sacar el aborto del Código Penal Federal y que el personal de justicia acate esta resolución.
Los impactos de la decisión
La decisión impacta en que las instituciones federales de salud no podrán criminalizar a las personas que deciden abortar. Tampoco al personal médico que lo realiza. Y, además, obliga al personal que imparte justicia a nivel federal y local a poner en práctica esta resolución.
“Esta Primera Sala determina que la inaplicación de las normas que criminalizan el aborto a nivel federal deberá ser llevada a cabo por parte de cualquier autoridad jurisdiccional y administrativa, específicamente, por el personal de las instituciones de salud involucrado con la práctica de la interrupción del embarazo y los agentes del Ministerio Público que reciban las denuncias por estos hechos”, señala el proyecto aprobado, que fue elaborado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
Este avance es importante pues las instituciones federales de salud se amparan en el Código Penal Federal para no brindar el servicio de aborto. Incluso en los estados donde los congresos reformaron los códigos penales locales para despenalizar el aborto, así lo explica la periodista Marcela Nochebuena en esta nota de Animal Político.
Antes de esta resolución los servicios médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras instituciones federales de salud, solo realizaban aborto bajo las causales de embarazo resultado de una violación, cuando existe peligro de muerte de la persona gestante y en abortos espontáneos y accidentales.
Los pendientes
Tras la decisión de la SCJN, el Congreso de la Unión (el congreso a nivel federal) debe eliminar el aborto de la lista de delitos del Código Penal Federal.
Sin embargo, el trabajo pendiente para despenalizar el aborto sigue estando en los congresos, tanto locales como el federal.
Desde 2021 han estado congeladas reformas en el Congreso federal para despenalizar el aborto y garantizar el derecho al aborto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Salud.
Aún en 21 estados del país los Congresos siguen sin reformar los códigos penales para despenalizar el aborto.
Los estados de México donde la interrupción voluntaria del embarazo fue despenalizada a través de reformas presentadas en los congresos son: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo.
Los avances para despenalizar el aborto en México han sucedido gracias al trabajo de organizaciones de la sociedad civil. En el caso de GIRE y otras organizaciones a nivel local lo han hecho a través de presentar amparos para eliminar el aborto de la lista de delitos en todos los códigos penales de los estados en donde aún no se ha despenalizado a través de los congresos, incluido el federal.
Parte de esa estrategia legal rindió sus frutos la semana pasada en Aguascalientes, luego que la SCJN ordenó al Congreso de ese estado a reformar su código penal para despenalizar el aborto.
“Desde GIRE confiamos en que las entidades del país, cuya legislación aún obstaculiza la autonomía reproductiva, tomen en cuenta los criterios del máximo tribunal de justicia a fin de garantizar el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar”, pronunció esta organización en un comunicado.
